Trece provincias recibieron cero pesos en enero
(ADN).- La caída de la Ley Ómnibus tiene varias explicaciones, entre ellas, la transferencia de fondos a las provincias. En estos días posteriores al naufragio del paquete de medidas que impulsó el presidente Javier Milei, se conocieron datos que ratifican que el tironeo por los recursos entre la administración central y los gobernadores, las promesas incumplidas y el cambio en los votos del Congreso.
El Ejecutivo envió en enero apenas $200 millones de transferencias no automáticas a las provincias, en comparación con los $46.800 millones que había mandado el mismo mes de 2023, en términos constantes. Esto significó una caída de 99,5% en términos reales en todas las jurisdicciones y que 13 de ellas, incluida Río Negro, no recibieran un solo peso.
Así lo detalla un informe del Ieral, que circuló en pleno debate de la Ley entre los gobernadores.
Las más provincias más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, muchas vinculadas al peronismo opositor. Pero también Córdoba -a pesar de tener funcionarios en áreas clave de la administración nacional- y los distritos gobernados por JxC, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.
El grueso de esos fondos que van a las provincias y administra el Tesoro por fuera de la coparticipación están asociados al Fondo nacional de incentivo docente, el Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la denominada Asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a Cajas previsionales provinciales.
Alberto Fernández ya había comenzado a reducirlos paulatinamente después de la pandemia, pero Milei los rebanó en todas las provincias, con excepción de la Ciudad y Corrientes.
Ante el impacto en los mercados del naufragio de la ley Bases, que golpeó a los bonos soberanos y las acciones argentinas en Wall Street, el Gobierno minimizó este miércoles la vuelta a foja cero del proyecto de ley y redobló la pulseada al ratificar que va a «profundizar» el ajuste para obtener un 0,8% adicional del PBI, con la mira puesta en las provincias.
En realidad, si el Ejecutivo mantuviera cerrada la canilla como en enero, el Ieral estima que el ahorro en todo el año podría llegar al 1,1% del PBI, unos $ 2 billones. Es casi el doble del recorte presupuestario previsto en la «tablita» que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó al FMI para reducir el déficit en un 5% del PBI en 2024, algo nunca practicado en un solo año.
Ese plan tomó un rumbo incierto hace dos semanas cuando Caputo amputó el paquete fiscal ante la presión de los gobernadores (y exportadores) para anular la suba en las retenciones y reducir las facultades delegadas. Las provincias buscaron entonces coparticipar el impuesto PAIS, pero también fue desechado, al igual que la idea de restituir el Impuesto a las Ganancias sobre 800.000 trabajadores.
En medio de esas tensiones, Milei suspendió los adelantos de fondos a las provincias para el pago de haberes. La medida abrió otro frente de conflicto y Caputo dio marcha atrás con las universidades y entes autárquicos nacionales que cobran los sueldos en el Banco Nación, pero mantuvo la restricción a los bancos provinciales, forzándolos a financiarse con recursos propios.
El otro revés para los gobernadores fue la pérdida en enero de $ 280.000 millones en transferencias automáticas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y la suba del piso mínimo de Ganancias impulsada por Sergio Massa, con apoyo de Milei.
Según el director del Iaraf, Nadin Argañaraz, habrían caído 11% real interanual, el menor valor real para enero de los últimos 9 años.
Ahora, se conoció que se terminaron los subsidios al transporte. Otro golpe al bolsillo de las provincias.