Doñate, Sapag y Leavy contra el DNU de Javier Milei
Los senadores nacionales peronistas Martín Doñate (Río Negro) Silvia Sapag (Neuquén) y Sergio Leavy (Salta) expresaron su rechazo a «la eventual instrumentación de decretos de necesidad y urgencia (DNU) con los que el presidente de la Nación pretendería derogar y/o modificar un amplísimo y variado marco normativo, muchos de ellos conquistados por años de luchas sociales, en tanto no existen circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, tal lo establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional».
Pidieron además que ” el gobierno nacional se abstenga de forzar la imposición de medidas dramáticas por sus consecuencias sociales e institucionales, a través de herramientas jurídicas que chocan de frente con lo que taxativamente expresa nuestra carta magna».
Doñate, Sapag y Leavy expresaron que en representación de las provincias argentinas y frente a la afectación de los intereses y derechos del federalismo plasmado en acuerdos y pactos preexistentes que constituyen el basamento de la unión nacional, alertamos que:
1.- Es, a todas luces inconstitucional, forzar un Decreto de Necesidad y Urgencia cuando, sin prorrogar las sesiones ordinarias y sin llamar a extraordinarias, el Ejecutivo pretende ignorar que este Senado está activo, trabajando y a la espera de que la normativa que se pretende modificar y derogar, llegue a esta Cámara para su análisis y posterior tratamiento.
2.-También hacemos notar que la criminalización de la protesta social -frente al brutal plan de ajuste y miseria con que se quiere someter al pueblo argentino- conculca derechos y garantías constitucionales y de los tratados internacionales poniendo a la Nación al borde de un estado de anomia.
3.- La eventual derogación o modificación por decreto de leyes como la de Extranjerización de la Tierra, la de Abastecimiento, leyes laborales y que consagran derechos sociales, entre otras, sólo provocarán, además de un grave conflicto de poderes y la destrucción derechos básicos de la población como el acceso a los alimentos y a los servicios esenciales a las familias argentinas, un quiebre peligroso del federalismo en la República.
4.- Por último, alertamos que la imposición ilegal y arbitraria de este tipo de decretos, desmorona principios elementales de la vida social e institucional argentina consagrados durante décadas y consolidadas por la Constitución y pacto internacionales, y le confieren medidas pre anunciadas un perfil totalitario y dictatorial al que este Senado y el Congreso de la Nación tiene la obligación y potestad de alertar, denunciar, enfrentar y resolver convocando y autoconvocándose para darle remedio institucional a tamaña ilegalidad.