Final de un año signado por el Covid y causas incómodas

(ADN). – Liliana Piccinini termina su año como presidenta del Superior Tribunal de Justicia, y la titularidad de ese Poder pasará a manos de Ricardo Apcarián, a partir del 1 de febrero del 2021, tal como indica la Acordada 43/2020.

Fue un año distinto para Piccinini. Una obviedad frente a las repercusiones que tuvo en la sociedad, en el Estado y sus organizaciones oficiales la pandemia de coronavirus, que obligó al mandato de la magistrada a resolver cuestiones de funcionamiento de la Justicia con nulos antecedentes en tiempos del virus.

De todos modos, la jueza terminó el año con algunas causas que la rozan en su trayectoria judicial.  De esta manera declaró en el juicio político a la camarista Daniela Zágari, ante el Consejo de la Magistratura, por su actuación en la investigación del asesinato del joven viedmense Atahualpa Martínez, en momentos en que la actual presidente del STJ era Procuradora y jefa de la entonces fiscal, en el 2008, cuando ocurren los hechos.

Esa investigación fue muy cuestionada por la familia de Atahualpa y su madre Julieta Vinaya Martínez, “dejó su vida” en buscar respuestas de la Justicia por la muerte de su hijo y murió el 28 de octubre del 2018, sin saber quiénes fueron los asesinos de Atahualpa.

Hoy se conocerá la sentencia sobre Zágari, del Consejo de la Magistratura. Muchos dan por seguro una sanción de “suspensión sin goce de sueldo» por deficiencias en aquella investigación, que “salva la ropa” a la actuación de la Procuración de esos años.

En el camino queda el informe de la Comisión Legislativa de Investigación de la muerte de Atahualpa, con diversas consideraciones sobre lo que denominó “una continuidad de irregularidades”, en el desempeño judicial.

Aún queda sin respuesta la muerte de Plinio Miglio Padilla (70) y Lucia Rodríguez (72), asesinados a sangre fría detrás del mostrador de la despensa “Las Dos Rotondas, el 25 de septiembre del 2008. Por entonces la Procuradora Liliana Piccinini, responsable del Ministerio Público, en aquel momento, envió a Sierra Grande al Fiscal Marcelo Álvarez para que esclareciera el caso. El fiscal ordenó la detención de un joven de 18 años, Luciano Bertolini, quien estuvo preso por meses, en base a pruebas muy cuestionadas, pero lo más grave del caso fue la denuncia de Bertolini de haber sido golpeado, con tormentos, por la policía y ante la presencia del fiscal Álvarez. Todo el procedimiento se hizo sin la intervención y autorización del juez penal en turno. Bertolini fue dejado en libertad por orden de la Cámara Penal y casi un año después fue dictada su falta de mérito y la denuncia por apremios ilegales fue archivada por la entonces fiscal Zágari.

Falta todavía para el Consejo de la Magistratura resolver el caso de la jueza Rita Custet LLambi, a quien Piccinini “delegó” como subrogante para emitir su voto en el STJ condenatorio de los ex funcionarios del gobierno del ex gobernador Miguel Saiz, en la causa conocida como “sobresueldos”, donde precisamente actuó como Procuradora. Custet fue cuestionada por los condenados por no abstenerse de actuar en razón de haber sido funcionaria del ministerio de Gobierno, en el período en que se cobraron los adicionales.

De esta manera termina un nuevo mandato con el cuestionamiento de dos fieles adláteres.

Cosas que suceden, más aún cuando el ejercicio del poder muchas veces sorprende a quien lo detenta por mucho tiempo.