El Senado votó la ley de alquileres sin el bloque Cambiemos
El Senado votó aprobó anoche la ley de alquileres y voto el proyecto que suspende por 180 días las sociedades anónimas simplificadas (SAS). El bloque de senadores de Cambiemos se retiró del recinto luego que se votó la ley de educación a distancia.
Se sumaron 41 votos del Frente de Todos y de los monobloques de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), tras el rechazo de la oposición a tratar proyectos que no estuviesen relacionados por el coronavirus.
El proyecto de alquileres se convirtió en ley tras un derrotero legislativo que duró más de cuatro años. La defensa inicial de la Ley de Alquileres estuvo a cargo de la correntina Ana Almirón, quien destacó que la norma «supera la legislación vigente» y propicia «un equilibrio» en la relación contractual entre dueños e inquilinos.
La senadora oficialista sostuvo que «el 17 por ciento de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler» y «casi el 41% del ingreso familiar» se destina a pagar el arrendamiento y destacó que «esta ley es una respuesta que están esperando más de nueve millones de argentinos. Otorga certeza, agilidad y un balance de poder para todas las partes involucradas».
Antes de que la oposición se retirara y se desconectara de la sesión remota, el senador de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, había afirmado «estamos de acuerdo en el espíritu y la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en su votación porque se trata de un proyecto que está afuera de lo que habíamos acordado para estas sesiones remotas».
La nueva norma establece, entre otros puntos, la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los precios, en lugar de ser de forma semestral como ocurre actualmente y el aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Se establece además que los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que evitará la firma de contratos «en negro».
Además, al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los «okupas», quienes suelen demorar el trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler -que luego resultan apócrifos- para argumentar que fueron estafados en su «buena fe».
El proyecto también amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo.
Por otra parte, se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario, quedando a cargo del inquilino solo las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio (salario del encargado, limpieza y otros conceptos).