Mar de fondo en la Policía por la sanción a uniformados
(ADN).- Una vez que se conoció la sanción a una veintena de policías por las protestas de diciembre de 2013 con patrulleros y motos que terminó con la toma de la Casa de Gobierno, el mal humor subterráneo en las bases de la fuerza se visibilizó.
Pasaron casi seis años de aquel reclamo salarial -que tuvo episodios similares en otras provincias- y que se salió de control. En el medio, hubo una causa judicial contra unos 200 efectivos que se plegaron a la acción por presunta comisión de delito, pero fueron sobreseídos. Ahora, llega el castigo administrativo.
Los agentes sancionados pueden apelar la medida. Si lo hacen, deberá intervenir la Jefatura, cosa que hasta ahora no ocurrió, ya que la medida fue dispuesta por la Junta de Disciplina, compuesta por civiles y autónoma de la autoridad política policial.
Salarios
Desde la asociación de retirados aseguran que la sanción cayó mal en el interior de la fuerza. Primero porque consideran que es extemporánea y ya hubo una investigación sobre lo sucedido. Y segundo porque aseguran que hoy la situación es igual a la de 2013: vulnerabilidad social, salarios de miseria, poca contención institucional y política.
El planteo concreto es que a fin de año, la pérdida salarial en la policía habrá sido del 50% entre 2018 y 2019.
Un planteo similar hace UPCN desde hace un tiempo: «el ajuste se hace por inflación». El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi asegura que todos los trabajadores estatales (del Ejecutivo, excepto docentes) han perdido poder adquisitivo porque las paritarias «son a la baja».
La Policía no está ajena a esa situación.
Mar de fondo
El problema que surgió a partir de la sanción es el «malestar de las bases» aseguran los retirados, y acusan al poder político de «abandono de la tropa». Además, alertan sobre las consecuencias.
Hay otro enfoque. Hay fuentes oficiales que aseguran -en off- que la sanción disciplinaria se dio porque el «movimiento se vio venir». En el gobierno habrían advertido el malhumor creciente y pudo haber sido una advertencia, un dique de contención a la idea de un sector policial de repetir los sucesos de 2013.
Solo así se explicaría la medida que tomó la Junta, ya que pasó mucho tiempo de aquel episodio y hasta una causa judicial.
La sanción es una suspensión de 15 sin goce de sueldos. Además del perjuicio económico, todos los agentes alcanzados (si prospera la medida) no podrán ascender este año y eso complica la carrera de oficiales y suboficiales.