Piden 6 años de prisión para Cufré y ex policías

A un mes de iniciada la instancia oral en el juicio por las muertes de los jóvenes en junio de 2010, y luego de escuchar a más de cien testigos, la abogada Marina Schifrin, representante de la familia de Nicolás Carrasco, pidió en su alegato la prisión inmediata y efectiva de los acusados.

Debido a la cantidad abrumadora de detalles recogidos durante las audiencias el Tribunal, presidido por el juez Marcelo Barrutia, resolvió otorgar una jornada completa a cada una de las partes durante la ronda final de alegatos, en un juicio que ya acumula 8 años y más de un centenar de testimonios.

Las abogadas Marina Schifrin y Natalia Araya, representantes de Carmen Curaqueo, madre de Nicolás Carrasco y Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas, iniciaron la ronda de exposiciones, que continuará mañana, para cuando también se espera la presentación de los fiscales Martín Lozada y Eduardo Fernández, y culminará el viernes cuando exponga la defensa de los acusados.

En el proceso están imputados el ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, junto al ex jefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova; el entonces jefe de la Regional III Argentino Hermosa; Fidel Veroíza, segundo jefe de la Regional y Jorge Carrizo, titular de la comisaría 28, por homicidio culposo, consecuencia de su actuar negligente durante los sucesos del 17 de junio de 2010, y los policías Víctor Hugo Sobarzo, Darío Pil, y Marcos Epuñán – bajo la figura de “homicidio en riña”- señalados como autores de los disparos que dieron muerte a Sergio Cárdenas.

Sobre los ex jefes de la policía y el secretario de Seguridad, Víctor Cufré, la abogada Marina Schifrin dio por probado que fue el accionar negligente, la impericia y la falta a sus obligaciones como funcionarios públicos lo que ocasionó la muerte de Nicolás Carrasco, y pidió para ellos la pena de 6 años de prisión efectiva, inmediata y preventiva, y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Aquella tarde, “no había órdenes”, señaló Schifrin, “y cada uno hizo lo que quiso”. En el desorden, descrito por la abogada -y más de un testigo-, “no puede ser que la única directiva fuera defender la comisaría, y no, como debió ser, restablecer el orden social”.

Subrayo que “no hay evidencia de que alguien haya querido quemar la comisaría; no se vio a nadie con bombas molotov”; “tampoco hay evidencia”, incluyó, “de que como dijo el ex comisario Vázquez, esto haya sido organizado”, y recordó las conclusiones del perito Rodolfo Pregliasco mediante las que pudo determinarse que no se trató de una “pueblada”, sino de un grupo de jóvenes – no más de 37-, de entre 16 y 20 años, que apedrearon la unidad policial.

Schifrin dio por comprobado además el uso de munición de plomo por la policía. Dijo que fue gestionada en la empresa PROSEGUR, “aunque”, estimó, “pudo no haber sido este el único origen”.

Durante la testimonial, y en su defensa, desde la empresa de Seguridad admitieron haber entregado munición, pero del tipo “perdicera”, cuestión que también afirmó el ex oficial Principal Rodolfo Aballay. Sobre este punto Schifrin recordó el comentario del perito balístico Roberto Nigris, quien dijo “no entiendo cómo en PROSEGUR tenían perdiceras; ¿cómo puede ser que ahí tuvieran municiones para cazar pajaritos?”.

Durante aquella exposición el experto confirmó además que las postas de plomo halladas en el cuerpo de Carrasco “no fueron disparadas por armas de fabricación casera”, sino de escopetas como las utilizadas por la Policía.

A partir de las conclusiones periciales la abogada afirmó que “Nicolás Carrasco fue emboscado, y que el proyectil que lo mató fue disparado en forma directa a una distancia de unos 40 metros”, desacreditando así los testimonios de los policías.

“Acá hay testigos que vinieron a mentir”, señaló en otro tramo, “pero una cosa es mentir por un pacto corporativo y otra mentir sobre circunstancias que tienen que ver con la muerte de una persona para impedir su esclarecimiento con un falso testimonio”.

Para Schifrin en ese delito habrían incurrido –y así lo detalló- Heraldo Fabio Hernández, reportero, y Tatiana Rosales Paredes, quienes durante la instrucción de la causa afirmaron ver armas no convencionales “tumberas”, entre los manifestantes, pero que luego se desdijeron durante la audiencia. Sobre ambos la abogada pidió que se abriera una investigación judicial por falso testimonio.

Refiriéndose al ex sub comisario Jorge Carrizo, Schifrin señaló que “omitió cumplir e inobservó los reglamentos a su cargo; era responsable de la seguridad en el área y Nicolás Carrasco fue asesinado a media cuadra de la comisaría que él conducía”, dijo además que, “descarto su descargo porque el tratar de mostrar la situación como un caos en la que los manifestantes querían quemar la comisaría con los policías adentro, solo son argumentos utilitarios para pretender eludir su responsabilidad y justificar el uso de la fuerza; él mismo mostró su inoperancia al decir que corría de un lado al otro”.

En cuanto al ex segundo jefe de la Regional III, Fidel Veroíza, “lo descarto por su inconsistencia; dijo que estaba de franco y que llegó al día siguiente a mediodía, pero después admitió que estuvo a las 10,30 de la mañana del 17 de junio. De haber estado de franco no hubiera firmado la solicitud de proyectiles a Gendarmería Nacional”.

Con respecto al ex jefe de la Regional III, Argentino Hermosa, Schifrin consideró que “abusó de sus funciones e incumplió voluntariamente los deberes que tenía a su cargo. Si hubiera obrado con diligencia y prudencia los hechos no hubiesen ocurrido. No es cierto que estuviera en la comisaría a mediodía; no lo dijo testigo alguno, y no se presentó en la comisaría hasta avanzada la noche. Lo que se desmadró ese día fue el poder punitivo del Estado y Hermosa es responsable de ello”.

Sobre el ex jefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova: “no es cierto que estuvo en la comisaría entre las 9,30 y las 10 de la mañana, y que mandó a buscar a los equipos del grupo BORA a esa hora. No lo dijo ninguno de los testigos, ni figura en los partes diarios”.

Y luego, en relación al ex secretario de Seguridad de la provincia, Víctor Cufré, la abogada Marina Schifrin, señaló: “su obligación en tanto funcionario del Gobierno Provincial era velar por el cumplimiento de la Constitución y el resguardo del Estado de Derecho, asegurando que quienes detentan el monopolio de la fuerza resguarden la vida e integridad física de las personas (pero) priorizó una agenda programada y una cena, ambas cosas de menor importancia que la vida y la seguridad de menores”.

De no haberse dado estas circunstancias, definió “la muerte de Carrasco no hubiera ocurrido”, y pidió la prisión efectiva para los acusados.

Al término de su alegato Schifrin pidió además que se remita a la Fiscalía el registro audiovisual obtenido durante las audiencias para que, conexos a la causa por los homicidios de Cárdenas y Carrasco, “se investiguen los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio doloso, ninguno de ellos prescripto”.

Los alegatos continuarán ese jueves, a las 9, con la abogada Natalia Araya, quien completará la exposición de la querella, y luego harán lo propio los fiscales Eduardo Fernández y Martín Lozada por la parte acusadora.

(Fuente: En Estos Días)