Murió Vinaya. El crimen de su hijo sigue impune

(ADN).- Murió sin saber quien o quienes fueron los asesinos de su hijo. Falleció ayer Julieta Vinaya y la sociedad, la Justicia y la Policía de Río Negro quedaron en deuda con esa madre que durante diez años luchó sin descanso para esclarecer la muerte de Atahualpa. Una investigación lamentable, falta de profesionalidad y ética ayudó a dejar impune este crimen. Varios de los responsables de esta desastrosa tarea judicial aún son magistrados en el Poder Judicial de Río Negro, incluso mencionados en sus ineficientes procedimientos por la Comisión Investigadora Legislativa creada al efecto.

Abatida por el dolor y el desgaste a que la sometió toda la investigación, con su permanente peregrinar por la Justicia y los pasillos oficiales del gobierno, Julieta Vinaya declaró en una oportunidad en la Legislatura de Río Negro que no se “si alguna vez voy a saber la verdad sobre la muerte de mi hijo”.

En 2008, Atahualpa Martínez, de 18 años, fue asesinado por la espalda. En 2014, la Justicia absolvió a todos los sospechosos. A instancias de la madre del joven, la Legislatura revisó lo actuado y dictaminó “con espanto” que abundaron las “irregularidades”.

Atahualpa Martínez Vinaya murió el 15 de junio de 2008. Ese día había concurrido al pub Miloca, en Viedma, junto con un amigo, Juan Pablo Guachinchail, quien se separó de él por unos minutos para ir al baño. Cuando volvió a buscar a Atahualpa, con quien pensaban ir a comer una pizza, ya no lo encontró. Su cuerpo apareció al día siguiente en un descampado, a 5 kilómetros, asesinado por la espalda con un arma calibre 22. Los dos patovicas y los dos policías que estaban en la puerta del boliche dijeron que no vieron salir a Atahualpa, que medía un metro ochenta centímetros y pesaba 100 kilos.

El informe que fue aprobado por unanimidad por el parlamento provincial expresa que “con espanto constatamos una continuidad de irregularidades, impericia o impotencia, desde el primer momento en que se encuentra el cuerpo y se contamina el lugar, siguiendo por la ausencia de medidas periciales”. Habla de «gruesas irregularidades» en la instrucción tanto del personal judicial como policial.

La Legislatura solicitó que se intensifique la investigación retomando hipótesis que fueron descartadas y mediante la realización de nuevas pericias. Además, en todo momento señala las graves fallas que tuvo la investigación policial y judicial.

La comisión legislativa denuncia “deficiente autopsia, pérdida de tiempo detrás de supuestos dichos, generalmente originados en personal policial; allanamientos de dudosa legalidad; una campera en la que se detecta sangre de la víctima que quedó cajoneada durante cuatro años; y diferencias, con ruptura del diálogo entre la fiscal y el jefe policial a cargo de la investigación” y se cuestiona la actuación de la fiscal Daniela Zágari, actual camarista en el fuero penal, “por la inaceptable demora, de prácticamente cuatro años, en hacer efectivos los resultados de la pericia genética realizada sobre una campera de jean, secuestrada como prueba en uno de los allanamientos de la investigación”.

La pericia fue realizada en septiembre de 2008, pero recién la incorporaron al expediente en el año 2012. El examen señalaba la presencia de rastros de sangre, compatibles con las del joven asesinado, en una campera hallada en la casa de Felipe Carrasco, uno de los imputados absueltos, pero que pertenecía a Carlos Morales Toledo, otro de los sospechosos, quien reconoció la prenda como suya. La tercera persona absuelta por “falta de pruebas” es Melisa Belén Fernández Barrientos.

La defensa del acusado Carrasco logró, en el juicio oral, que el allanamiento y secuestro de esa campera quedaran invalidados por “fallas procesales” absurdas como la presencia de un solo testigo y el horario empleado para realizar el procedimiento.

El caso fue a juicio oral en el 2014, con tres imputados civiles, dos hombres y una mujer, que fueron absueltos “por falta de pruebas”. (Crédito Web)