Cárdenas y Carrasco: ¿Quién apretó el gatillo?

La audiencia de ayer del juicio que investiga las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco fue un tconstante trajinar de policías. Uno de ellos afirmó que se emplearon municiones de plomo. Otro dio a entender que la represión estaba prevista. Una policía que llegó “por casualidad”, se encargó de abastecer los cartuchos que recogió en un incógnito sitio “en el límite con Neuquén”. Las muertes fueron por armas policiales, falta saber quién apretó el gatillo. Hoy siguen el debate oral.

Las voces y los relatos de los funcionarios policiales se ramifican. Por lo menos al principio. Cada nuevo testigo ante el tribunal presenta un punto de vista “propio” sobre el mismo hecho, y durante algunos minutos consigue captar la atención, pero es un espejismo.

La palabra de la Institución es homogénea. Los dichos no varían en lo sustancial: una turba enardecida atacó la comisaría 28 el 17 de junio de 2010. “Era un caos”; “llovían piedras, botellas, palos”. Las vidas de los agentes “corrían peligro”. “Querían quemar la comisaría con nosotros adentro”. La policía actuó para contener los disturbios. Se emplearon tácticas, armas y demás elementos de contención reglamentarios. Es lo que dicen.

La audiencia no avezada escucha expresiones novedosas como “12/70”, que es el calibre de las escopetas reglamentarias que utiliza la policía. El número “12” referencia a la cantidad de esferas del diámetro del cañón del arma que se han fundido de una libra de plomo. Esto significa que un cartucho “calibre 12” contiene 12 esferas de plomo. Y es por esta razón que a menor denominación, mayor es el calibre; es decir, las esferas de plomo son de mayor tamaño. Si la escopeta fuera 16 (o más), el calibre sería menor: cada cartucho contendría 16 esferas de plomo fundidas de una libra.

Otro de los descubrimientos que realizamos los neófitos es que las municiones empleadas se llaman “PG” (Propósito General), que el color de esos cartuchos es rojo o negro y que es de plomo; o “AT” (Anti Tumulto), los cartuchos son verdes o blancos en ese caso, y contienen 24 postas de goma. Se emplean a una distancia no menor a 15 metros y “de rebote” (esto es, tirando contra el suelo) a una distancia no menor a 10 metros. A pesar de ser de goma, las municiones pueden ocasionar heridas severas y también la muerte.

A diferencia de, por ejemplo, un rifle, al disparar una escopeta la munición se dispersa. Un tirador no “hace puntería” con una escopeta. Los entendidos dicen que la escopeta “barre”. Se comprende que a mayor distancia, más se dispersan las esferas de plomo o de goma que contiene el cartucho, y son menos las que impactan en el blanco.

El truco está en escuchar la voz reiterativa y monocorde de la Institución como si proviniera de un solo declarante; buscar el indicio, el sobresalto.

Nicolas Carrasco murió por el impacto de 4 postas de plomo, 3 de ellas en el torso. Las pericias han sido hechas y los neófitos de la audiencia no estamos en condiciones de opinar, pero comentamos en un murmullo: “¿a qué distancia estaba quien le disparó al muchacho para que este recibiera en el cuerpo casi la mitad de las postas de plomo que contiene el cartucho?”.

Durante el cuarto día de audiencias declararon varios policías. El tercero en brindar testimonio fue Fernando Manquenao, oficial principal que durante aquellas jornadas de 2010 prestaba servicios en Dina Huapi. Manquenao aseguró ante el Tribunal que “el oficial principal Aníbal Alonso me entregó una bolsa de cartuchos. Había entre esos varios PG”, pero que los guardó y los entregó después en la Comisaría II. Cuando específicamente le preguntaron si durante la represión se habían disparado cartuchos “PG” (de plomo), no dudó: “Obviamente que sí, salió hasta en los medios nacionales. Sería iluso negar que se usaron cartuchos PG”.

De esto se obtienen varias certezas. Que hubo munición de plomo; que presumiblemente el sub comisario Rodolfo Aballay (ayer el Tribunal libró un exhorto a la provincia de San Juan para que se presente a declarar) fue quien consiguió esos cartuchos de la empresa Prosegur, y que hubo policías de civil durante la represión. Esto último lo confirmó Adrián Paillalef, ex jefe de la comisaría 27, el miércoles. Dijo que la orden era “evitar que la gente avance hacia la unidad (comisaría 28)” y que había agentes uniformados pero también “había algunos de civil, de la brigada”. Paillalef también negó haber visto “armas en manos de los manifestantes” (este dato coincide con otras declaraciones excepto la del ex Bora, Luis Osés, el único que afirmó haberlas visto).

Como fuera, sería llamativo que los vecinos enardecidos tuvieran escopetas reglamentarias de la policía y que ningún efectivo resultara herido con plomo.

También más tarde, la Cabo Mariela Bazán, quien según contó, participó del operativo “de casualidad”, y se quedó motu proprio “ayudando a mis compañeros” hasta alrededor de las 5 de la madrugada; dijo que es imposible confundir las cargas de escopeta “AT” y “PG” ya que la inscripción figura impresa en cada cartucho, “los pone la fábrica”. Vale decir, que se puede tomar por cierta la afirmación de Manquenao cuando dice que había cartuchos “PG”.

La cabo Bazán relató que llegó al barrio para buscar a su hermana “que se había quedado encerrada en un ´Cyber¨”; dijo que no tenía idea de lo que pasaba en el lugar, y que después de un breve encuentro con un grupo que la “agredió verbalmente”, llegó hasta la comisaría 28 donde se quedó: “traía agua”, “juntaba los cartuchos del piso”.

Contó que en un momento salió para auxiliar a una mujer lastimada, a quien trasladó en un móvil al hospital, y que en otra oportunidad acompañó a otro oficial, cuyo nombre no recuerda, a buscar municiones “a donde está el límite provincial”.

La cabo Bazán actuó ese día sin órdenes expresas, sus superiores no la convocaron, pero ella ayudó “con lo que podía”. En eso, se acercó a una camioneta del BORA, sacó una caja de cartuchos y comenzó a repartirlos “de a tres”, dijo, a los compañeros que ya no tenían. En este punto fue que explicó que los cartuchos eran “AT”, que se dio cuenta “por el peso” y porque dicen “AT”; cuestiones, se explayó, que aprendió en un curso de escopetista que no aprobó. No obstante es posible creer que logró leer la denominación.

Armas policiales, postas de plomo “imposibles de confundir”, dos muchachos muertos, policías de incógnito y ningún manifestante con armas de fuego.

Y Bazán, que no avisó a sus superiores ni recibió órdenes de estar ahí, juntaba cartuchos del piso “algunos sin percutir”, especificó, y se los daba a sus compañeros. Les llevó agua, y fue al límite interprovincial a buscar más munición.
Aquellos episodios que tuvieron como centro a la comisaría 28, mejor se explican en su contexto histórico.

Los reclamos de los barrios, jurisdicción de esa unidad policial, eran constantes ya mucho antes de junio de 2010. Los vecinos denunciaban incesantemente los malos tratos y abusos del personal policial. Apedreas al edificio ya antes habían sucedido. Y los episodios de violencia resultaban un azote a cualquier hora del día.

Es interesante repasar las declaraciones de Ana Piccinini quien en aquellos años era Defensora del Pueblo de Río Negro. Piccinini había asumido en 2006, y para 2010 ya llevaba presentados 4 informes a la Legislatura provincial denunciando “innumerables casos de apremios ilegales, muertes en los calabozos de las comisarías y otros abusos policiales, pero hasta ahora nunca hemos tenido ni la más mínima respuesta concreta ni hemos podido avanzar en las soluciones” (Página 12, 27 de junio de 2010).

Para la Defensora el accionar era intrínseco de la policía de la provincia. En sus reclamos siempre hizo hincapié en el poder político (Miguel Saiz era gobernador), en el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y muy especialmente en el recién ascendido Víctor Cufré, secretario de Seguridad y Justicia. Este martes en su declaración Cufré recordó con acritud a Piccinini.

Sobre lo sucedido el 17 de junio, Piccinini dijo: “ni siquiera ha removido (el gobernador) del cargo al jefe de la Regional (Bariloche), Argentino Hermosa, que ha mentido respecto de cómo fueron los sucesos y, además, está amedrentando a los testigos”.

“La mala fama de la Policía de Río Negro viene de lejos”, dijo, y agregó: “en este marco, era previsible lo que sucedió en Bariloche”.

A tal punto eran previsibles los sucesos que una vez conocido el asesinato de Diego Bonefoi aquella madrugada, las autoridades policiales se reunieron y planificaron el operativo.

Lo declaró este jueves el ex sub comisario de la 28, Carlos Báez, dijo: “Ingresé a las 8 de la mañana. Me enteré que había pasado el deceso (de Diego Bonefoi). En ese momento todo el mundo presentía que iba a haber algunas connotaciones complicadas sociales. Estuvimos hablando con el jefe de la unidad, con el subcomisario Carrizo, el subcomisario Vázquez de la II… Estábamos todos ahí. Se charló entre nosotros que podría esa mañana haber problemas”, dijo.

El 17 de junio –lo han determinado los peritos- la policía mató a Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas. Aquello que la audiencia aún no sabe es quién aportó munición de plomo y quién apretó el gatillo.

Con exasperante morosidad la justicia dejó transcurrir ocho años. Pero ocho años transcurrieron para todos, la voz de la Institución no tiene ya la misma fuerza y tímidamente la verdad comienza a colarse por los intersticios.

(Fuente: En Estos Días)