Buscan esclarecer otros asesinatos como el de Solano

(ADN).- A casi dos meses y medio de la sentencia que condenó a siete policías rionegrinos por la desaparición y muerte del trabajador rural Daniel Solano, uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, llegó a Viedma a pedir por el avance de las causas conexas y a exigir explicaciones sobre la situación del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta. Pidió por otros asesinatos similares en Valle Medio, los vinculó con empresarios y aseguró que el gobernador “es el que protege a estos tratantes”.

“Voy a denunciar al fiscal Zornitta, que investigó causas conexas a la de la desaparición de Daniel Solano y que nunca tuvieron avances” adelantó Aparicio en conferencia de prensa, acompañado por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales y civiles.

“Son importantes, porque se puede demostrar el accionar judicial y policial” explicó el abogado. Son unas 20 causas que “están paralizadas” e investigan, además, las muertes de otros cinco trabajadores rurales como Solano, producidas también en Valle Medio.

Esas muertes tienen en común que son trabajadores golondrinas empleados directa o indirectamente por Expofrut. Y en todos los cosos -aseguró Aparicio- surge el “accionar policial” y la “complicidad judicial”.

El caso Solano desnudó una trama de tráfico de drogas, trata de personas y trabajo esclavo. Todo, con la Policía como “brazo armado” de las empresas y cooperativas para “acallar” a quienes denunciaban estos delitos.

“Durante dos años y medio la justicia rionegrina nos impidió bajar al jagüel (en el campo La Manuela de Choele Chole) donde estaba el cuerpo de Daniel. Hoy, con las nuevas imágenes, vemos que ese lugar fue modificado y por lo tanto no se pudo hallar el cuerpo” denunció Aparicio. En consecuencia, pedirá nuevamente ante el Poder Judicial “volver a bajar”.

El abogado ratificó que “hay otros trabajadores rurales que trabajan para Expofrut y fueron asesinados”, por eso, quieren avanzar en las causas conexas. “Queremos evitar el encubrimiento y la impunidad”, sentenció.

Aparicio afirmó que “hay cobertura política” en estos casos. El gobernador es el que protege a estos tratantes” indicó, y aseguró que “hubieron sectores económicos se han beneficiado” con el esquema de trabajo golondrina precarizado. Y recordó que hoy, quien era CEO de la empresa exportadora, hoy es Embajador Argentino en Estados Unidos.

También dijo que “hay policías protegidos” que actuaron en esas causas. Y lamentó que la exoneración a los policías condenas por el asesinato de Solano, “llegará cuando haya sentencia firme”. Por eso, pidió “cambiar el estatuto” de la Policía de Río, al que calificó de “inconstitucional”.

El abogado comparó: “si una maestra le pega a un niño en una escuela, es separada del cargo y se le hace un sumario y seguramente no vuelva a estar al frente de un aula. Acá, los policías sentenciados por el secuestro y asesinato de una persona, sigue trabajando, porta armas y circula por las calles con uniforme”.

Aparacio también adelantó que denunciará a la Argentina en la Corte Interamericana de DDHH por el caso Río Negro.

Documento
Las organizaciones que acompañaron al abogado, emitieron un comunicado en el que expresaron -entre otras cosas- que es “inaudito” que el Ministerio de Seguridad y la cúpula de la Policía “no haya avanzado en en separar definitivamente a los culpables de este aberrante crimen”. Y pidieron al Superior Tribunal de Justicia “pronunciarse sobre el recurso de casación”.

En ese sentido, subrayaron que “hoy, ya condenados, siguen en libertad, poniendo en riesgo los procesos judiciales y sosteniendo el pacto de silencio. Ese pacto esconde el destino final del cuerpo de Daniel Solano junto con la complicidad empresarial y política”, concluyeron.