Castello al banquillo. ADN

La compra de una Letra del Tesoro en dólares que hizo la Provincia con parte del bono del Plan Castello, irá a la Justicia. Los dirigentes del Frente para la Victoria consideran que la maniobra podría enmarcarse en el delito de administración fraudulenta. Pero además, advierten que la deuda que generó el empréstito, podría ser ilegal o ilegítima.

En estas horas se debate la estrategia judicial, pero todo indica que será presentada por legisladores provinciales y tendrá el sustento del informe del Centro de Estudios Patagonia, que advirtió una pérdida de 100 millones de pesos por la diferencia entre los intereses de la deuda que debe afrontar Río Negro, con los que gana «prestándole» 200 millones de dólares a Nación.

Pero además, estudian presentar un amparo, ya que la parte coparticipable a municipios y comisiones de fomento del bono no está garantizada de forma igualitaria, sino que depende de la aprobación del plan de obras o inversión en equipamiento, es decir, que puede ser vetada (políticamente) por tecnicismos.

Hasta el momento, el Plan Castello es sólo anuncios de obras. Faltan terminar los proyectos de otras -que componen la primer etapa- y el dinero no está disponible por la «inversión», por 128 días, que hizo el Ministerio de Economía el 7 de diciembre para «resguardar» los fondos obtenidos en el mercado financiero internacional, ergo, hasta el 7 de junio no se pueden rescatar.

El FPV irá a los tribunales por la pérdida total. Pero el detalle es que por esos seis meses de plazo, la provincia ya paga la tasa de interés conseguida de 7,75% anual, es decir 200 millones x 0,0775/2 = 7,75 millones de dólares. La cuenta que se hizo fue sumar los intereses conseguidos y restar los interés pagados: 2,772 – 7,75 = -4,978 millones de dólares. Es decir, que la Provincia pierde 5 millones de dólares, aproximadamente 100 millones de pesos.

A estos cálculos hay que sumar el aumento del dólar y la consecuente devaluación.

Y como la decisión fue política y beneficia a la Nación, sospechan que la maniobra pudo ser fraudulenta y que, sin dudas, afecta el patrimonio provincial.

Ahora solo resta saber si la denuncia será del bloque en su conjunto o faltarán firmas. Varios legisladores del FPV aprobaron el Plan Castello. Sin embargo, y quedando afuera el carácter federal de la distribución del bono, esa postura podría cambiar. Nada está decidido aún.

La denuncia está impulsada por el sorismo y el kircherismo. Incluso, no se descarta una presentación también de los diputados María Emilia Soria y Martín Doñate. Además, el dirigente de Beltrán está pensando en una presentación por la legitimidad y la legalidad de la deuda en dólares del Castello, en el marco de la toma de deuda nacional y la «presión» que denunciaron los gobernadores para avanzar en la adquisión de créditos y prestarlos después a las arcas del gobierno nacional.

Mientras esta acción avanza, la política rionergina no descansa.

Estos días la ruta 22 amaneció con carteles que vinculan al intendente de Roca, Martín Soria, con el narcotráfico. En los afiches ruteros (nada baratos y con pocos sitios donde realizarlos en la región) se vio al jefe del PJ junto a Pablo Escobar Gaviria, fundador del Cártel de Medellín. También hubieron varios fotomontajes de falsos titulares de medios de la provincia, y un video alusivo que circuló en Youtube. Eso motivó una denuncia penal de Soria por amenazas, ya el video concluía con una bala.

Antes de la aparición de los afiches, en Viedma circuló un rumor sobre «una jugada del oficialismo» para bajar al mandamás peronista de su candidatura a gobernador, con denuncias concretas con el narcotráfico. Previo, el gobernador Alberto Weretilneck lo acusó de no hacer nada para frenar el tránsito y consumo de drogas en Roca. También circuló una foto de su hermana María Emilia con un integrante de la familia Montecinos de Cipolletti (asociada a la venta de estupefacientes). Y el gobierno de Río Negro emitió un comunicado oficial asegurando que Roca es la ciudad con más denuncias en el 0800-Droga.

«Son muy obvios» dicen desde el entorno de Soria y aseguraron que mantendrán la postura de confrontar con Weretilneck. «Que se preocupen ellos por el vínculo con Macri», chicanearon.

El gobernador, por su parte, al ver la pérdida de imagen positiva por ese acercamiento, clausuró esta semana la posible alianza con Cambiemos. Y habilitó una reunión de intendentes de Juntos en Bariloche para posicionar a Gustavo Gennsuso como posible sucesor.

Pero los jefes comunales tienen otras inquietudes. En principio, moldear su destino. Estuvieron muy angustiados desde las PASO hasta ahora. Aquella derrota y la posterior renuncia de competir en octubre, puso a Juntos Somos Río Negro en un espacio de debilidad política fuerte, que llevó al gobernador a pensar que la mejor salida era un acuerdo con el presidente Mauricio Macri, lo que abrió una grieta con la pata peronista.

Ahora, cerrada esa posibilidad y sin chances de una reforma constitucional, el oficialismo se encamina a una recuperación «hasta donde dé» dicen -y no descartan una derrota-, pero que los mantenga como partido (con intendentes, concejales, legisladores y algún integrante en el Congreso) y les permita ser la primera minoría y proyectarse a futuro.

El tema es quién lidera este tránsito y qué ocurrirá con los diferentes sectores que deben pugnar por pocos sitios en las listas de legisladores por circuito y sábana. Por eso, los intendentes quieren fortalecerse y garantizar sitios allí para quienes no pueden reelegir, como Sabina Costa o Carlos Jhonston.

Los jefes comunales pretenden además, hacer catársis y definir nuevas estrategias. Por eso -muchos- resisten que Weretilneck asista el 23 de febrero a su encuentro en Bariloche. «Cada vez que dijimos lo que pensábamos nos mandaron al freezer» se quejan, y aseguran que el gobernador no los tuvo en cuenta desde que ganó en 2015. «Tenía poder absoluto», recuerdan.

Sin embargo, los intendentes también tienen quejas con la gestión y pretenden tallar de ahora en más. Consideran que la ausencia de políticas o las malas decisiones «se sienten en los pueblos y somos nosotros quienes ponemos la cara todos los días y sufrimos el descrédito». Los del Alto Valle por la fruticultura, los de la Zona Andina por la seguridad, y los de la Región Sur por los cambios en el Ente, que generaron un lío político de proporciones.

La designación de Guillermo Oliva Tagle -hombre del ministro Luis Di Giácomo- fue para «limar» a la legisladora Sandra Recalt, en favor del intendente radical Carlos Toro, pero todo se descompaginó. El nuevo funcionario sumó a al ex secretario de gobierno del jefe comunal de Jacobacci (con quien está enfrentado) y rompió la armonía. Ahora, los intendentes reclaman que al Ente lo presida un par, como lo fue Marcos Pérez.

Pero hay un punto en común: Regina. Weretilneck, la pata peronista y los intendentes quieren ganar y demostrar que Juntos sigue siendo competitivo electoralmente.

Las elecciones en esa ciudad, el 15 de abril, serán importantes y todos los espacios ponen fichas y miradas allí. Mañana, Cambiemos anunciará que el concejal de la UCR Carlos Rodríguez será el candidato a intendente. El macrismo evalúa que hará un buen papel pero no le quita el sueño una derrota. Sus dirigentes entienden que de ahora en más solo tienen destino de crecimiento, al ritmo del gobierno nacional.

Esta semana hubieron algunos chisporroteos por las posibles candidaturas a gobernador. El intendente de Viedma, José Luis Foulkes, dijo que la postulación de Sergio Wisky «fue apresurada» y no descartó competir. Después se reunieron en Viedma y bajaron la tensión. También el jefe comunal de Cipolletti, Aníbal Tortoriello mostró predisposición por la gobernación, aunque aseguró que también podría ir por la reelección en su ciudad.

Wisky piensa que primero hay que normalizar el PRO (que está por finalizar su intervención), afianzar los lazos con la UCR y el ARI, y después salir a la provincia con un «proyecto superador» al de la gestión Wererilneck. «Hay que cuidar la marca Cambiemos, los candidatos vendrán con el tiempo», resumió.

Además, el dirigente apuntala proyectos de desarrollo regional como el de la instalación de la central nuclear en Sierra Grande. El intendente, Nelson Iribarren, está pendiente de la estrategia judicial para abolir la prohibición y avanzar.