Promueven la prevención social del delito

Los legisladores Marcelo Mango y Carina Pita (FG-FpV) presentaron en el Parlamento rionegrino un proyecto de Ley, mediante el que se establece implementar políticas de prevención del delito e inclusión social, destinada a adolescentes y jóvenes de comunidades vulneradas que están en situación de conflicto con la ley penal o que corren riesgo de estarlo.

Mango destacó que «la propuesta hace un abordaje e hincapié desde diversos ejes, como son la Identidad, la recuperación de vínculos y relaciones familiares, la Educación y formación para el trabajo. Principalmente el Estado debe garantizar, a través de acciones y programas, la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Consideramos que las problemáticas que están viviendo los sectores vulnerados, en particular los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia, requieren un abordaje integral, interinstitucional y con la participación de la comunidad».

«Todas las estadísticas, incluidas las del INDEC, no dejan lugar a dudas del retroceso y la pérdida de derechos fundamentales, que sin solución de continuidad viene sufriendo nuestro pueblo desde que asumió el gobierno el presidente Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos. Un ejemplo paradigmático es el aumento de la pobreza y la indigencia. Las cifras difundidas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina dependiente de la UCA a fines de marzo de este año, demuestran la gravedad de la crisis: entre fines de 2015 y el tercer trimestre de 2016, un millón y medio de personas cayeron bajo la línea de pobreza, mientras que los nuevos indigentes sumaron 600.000», expresó el legislador.

Mago agregó que «el aumento de la pobreza y la indigencia son el resultado de un Estado Nacional que desde diciembre de 2015 se «vende» como «neutro», cuando en realidad es la viga maestra sobre la que se sostiene el modelo neoliberal de la especulación y valorización financieras, del ataque a los trabajadores, el desguace de la pequeña y mediana industria y la entrega del patrimonio nacional, con la consecuente fragmentación social. Estamos en presencia nuevamente de situaciones de pobreza e indigencia extremas, que son el marco propicio para el aumento de la violencia en general y de la delincuencia urbana en particular. Cabe aclarar que ésto no significa, de ninguna manera, considerar una relación causal entre pobreza y delito. Caeríamos en una simplificación falaz si pensáramos que los pobres y desempleados van a optar por el delito. Pero sí se puede confirmar la circunstancia de que efectivamente existe una relación profunda y compleja entre deterioro socioeconómico de amplios sectores sociales y enriquecimiento de otros, con el aumento de los índices de violencia social».

En diversas estadísticas, se observa que «la incidencia de niñas, niños y/o adolescentes, en delitos, es mínima. Por ello, estamos convencidos que el camino debe ser la concreción de propuestas legislativas que aborden y trabajen la prevención social del delito. Rechazamos todo tipo de intento por justificar y plasmar la baja de edad de imputabilidad. Reafirmamos que este tipo de políticas, sus programas, dispositivos y acciones, deben ser implementados desde el paradigma de los derechos humanos, alejados de los modelos punitivos, en la búsqueda permanente de edificar un Estado reparador de las desigualdades sociales y promotor de una inclusión plena», concluyó Mango.