El secuestro. ADN

Estuvo 27 días desaparecido. El oficial de policía Lucas Muñoz fue visto por última vez el 14 de julio y apareció muerto en las afueras de Bariloche, en un descampado en el oeste de la ciudad, en jurisdicción de la comisaría 42, donde precisamente prestaba servicios y en la misma zona donde fue encontrada Micaela Bravo, una joven que vivía en el mismo barrio 2 de Abril y cuyo asesinato aún no fue esclarecido.

Todos los oficiales superiores y algunos suboficiales de esa unidad policial fueron separados de sus funciones, lo mismo que los mandos de la Regional III. La sospecha está sobre policías rionegrinos, involucrados también en lo que se ha dado en llamar “causas colaterales”, un eufemismo para ocultar que todo tiene que ver con todo.

El gobierno calificó al caso Muñoz como “un hecho grave”. Impactó duro en la línea de flotación de la conducción política del Estado, que reconoció corrupción en la policía y que trata de poner una pátina de piedad sobre la fuerza de seguridad bajo el remanido argumento de que no todos son iguales.

Aún no se informó cuantos días estuvo vivo. Al parecer muchos, desde que fue “levantado” en la vía pública, a poco de bajar del colectivo que lo dejó a cuadras de la comisaría 42 para tomar servicios. Según trascendió pasaron varios días hasta recibir un tiro en la cabeza. Previamente fue torturado.

Es un hecho grave, pero es más grave aún pensar que dentro de un estamento gubernamental podría haber operado una organización –estatal o paraestatal- parida en el seno de la institución, con una logística capaz de tener secuestrado varios días nada menos que a un oficial de policía, con sospechas sobre sus propios camaradas.

Quienes tuvieron a su cargo la organización y ejecución de este secuestro no son inexpertos y si fueron policías, no son nuevos en la fuerza. Tuvieron varios destinos, recorrieron casi todas las comisarías del territorio y sabían perfectamente de qué se trataba.

Quizás estamos ante un mismo caso de complicidades como el que ocultó la muerte de Solano, un jornalero llegado de Salta a trabajar en la cosecha de fruta al Valle Medio y que había denunciado a Agro Cosecha S.R.L., una empresa tercerizada por Expofrut-Univeg S.A. por trabajo esclavo y otras violaciones de los derechos de los empleados rurales. El cinco de noviembre del 2011 fue sacado por uniformados del boliche Macuba de Choele Choel y nunca más apareció. Fueron imputados 22 policías. Sospecha de connivencia empresarial-policial-judicial explicó el abogado de la familia, Sergio Heredia.

En todas las informaciones surgidas del caso Muñoz, nada se dice de cómo pudo haber sido su secuestro y cautiverio. Hay expertos en estas investigaciones que conocen de modalidades y formas de operar estas prácticas de ocultamiento de personas.

¿Qué significa? Se podría repasar la siguiente hipótesis: para tener en cautiverio a un secuestrado hay que contar con una importante infraestructura logística, con “casas operativas” para ir trasladándolo de un sitio a otro, más aún cuando se conoció la intervención de la PSA y Gendarmería; contar con varios vehículos apropiados (usualmente carrozados); organizar las guardias de sus custodios (una o dos personas por turnos); alimentación; higiene y aseo personal, atención médica para suministrar medicamentos o sedantes, si fuera necesario; atender eventuales heridas por torturas o mal trato; contar con zonas liberadas para trasladarlo por calles y caminos seguros, en fin, no es un tema para principiantes o simples policías enojados con un camarada que “vio o se enteró de algo inconveniente”.

El cuerpo de Muñoz apareció vestido con su uniforme. Trascendió que estaba bañado y afeitado. Quiere decir que estuvo bien atendido durante su hipotético cautiverio, salvo otras hipótesis que van desde la autodesaparición hasta su ejecución días previos a su aparición.

Nada podría ser producto de un acto espontáneo. Si fue un secuestro, se planificó con tiempo, con la seguridad que terminaba en muerte (si Muñoz podría conocer a sus autores), fue ejecutado con impunidad en la seguridad de que “acá nadie vio nada”. Es lo que realmente pasó hasta ahora. Todos ciegos, sordos y mudos.

Otra pregunta en esta hipótesis del secuestro y muerte, es por qué apareció el cuerpo. Si sus secuestradores tuvieron una capacidad operativa capaz de tener con vida al joven oficial por varios días, también podrían haber planificado la desaparición del cadáver.

Tampoco ninguna de estas teorías está alejada del modo de proceder de los ámbitos vinculadas al narcotráfico.

¿Fue posible para la investigación armar un eventual recorrido por donde podría haber transitado o estado Muñoz secuestrado?

Hasta ahora hay dos policías procesados, Federico Valenzuela y Néstor Meyreles, “por encubrimiento agravado» y “abuso de autoridad”, pero aún falta avanzar en poder reconstruir todo el proceso de 27 días desde que Muñoz fue visto por última vez, dónde estuvo, cuántos días permaneció vivo, y quiénes fueron los organizadores y ejecutores de su asesinato.

El gobierno decidió una purga policial en Bariloche. Hay complicidad que se imputa a jefes y subalternos de la comisaría 42 y la Regional III y fueron separados del cargo.

La policía está sospechada y tocada en su orgullo. Hay sumarios internos, traslados y ya pasó un tiempo desde que Muñoz fue encontrado sin vida. No se conocen los cargos concretos sobre los policías sumariados.

La Justicia está trabajando y el poder político guarda silencio al igual que la cúpula policial. La carga de la conducción interna de la fuerza está sobre el subjefe Daniel Jara. La opinión sobre el Jefe Altuna, está dividida.

Los uniformados separados de sus funciones comienzan a percibir que faltan cargos en su contra. Comienzan a articularse en el tejido interno de la institución las redes de solidaridad. Crece cierto descontento, funcionan las líneas horizontales de comunicación y los canales internos de rebeldía y ya se instaló “la grieta”.

Cuando un civil preside la fuerza, los uniformados se referencian en el subjefe: un camarada que nació en la Policía, cuyo sostén del poder interno se asienta en las Unidades Regionales.

En Bariloche fueron desplazados ocho comisarios y hay que buscar reemplazo. Pareciera que no se puede encontrar, entre más de 70 comisarios de toda la provincia, quien quiera trasladarse a la cordillera.

Trascendió que hubo un sondeo y sobre siete comisarios sólo uno no presentó objeciones. La respuesta del resto es más o menos así: si me trasladan pido el retiro.

Lo peor que puede pasar después del hecho de Muñoz, es que comience gestarse la desobediencia y un clima interno de descomposición.

¿Hay capacidad en el Ministerio de Seguridad como para estar atento en la tarea de inteligencia interna?.
Desde su creación, este Ministerio no tuvo demasiado éxito en sus gestiones, salvo excepciones que sólo confirman la regla. En diciembre del 2013 una protesta policial -con acuartelamientos- por aumentos salariales, terminó con sorpresa para el gobierno: una movilización policial por las calles de Viedma, con patrulleros y autobombas de bomberos terminó con la toma de la Casa de Gobierno. Un hecho político sin precedentes, porque un caso similar en el gobierno de Osvaldo Alvarez Guerrero, fue abortado de inmediato.

Uno de los líderes de ese movimiento estuvo en la conducción territorial de la fuerza hasta hace poco tiempo y de la investigación judicial no hay mucha información que brindar.

Muñoz se quedó con el secreto. Habrá definiciones con resultados parciales hasta que se comience a desandar el camino de las respuestas ante tantas preguntas.