Ponzone pidió sanciones para funcionarios implicados en la compra de módulos alimentarios

(ADN) El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone pidió al Tribunal de Cuentas que aplique multas del 50 por el ciento de sus sueldos al ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, al Subsecretario de Compras y Suministros Roberto Gabriel Vouillat y a otros funcionarios del Ministerio rionegrino, por ser responsables de la compra por 14.600.000 pesos de módulos alimentarios que se habrían pagado con sobreprecios del valor de los índices de precios mayoristas nivel general, del mercado minorista e incluso en relación a “precios ciudados”.

Además Ponzone giró el expediente al Fiscal de turno para que se investigue “la presunta comisión de conductas susceptibles de reproche penal”.

La compra de 30 mil módulos tenía como destino a familias carencias a repartir en Viedma, General Roca y Bariloche, a razón de 10.000, por cada ciudad. Se concretó una primera licitación y otra fue dejada sin efecto.

También se involucra, entre otros funcionarios, a la Directora de Suministros y Servicios Generales del Ministerio de Desarrollo Social, Mariela Tetti, al Asesor Legal del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Gironde, a la Directora de Emergencia Social y Capacitación, Claudia Elizabeth Torres y a la Secretaria de Promoción y Protección de Derechos Sociales Patricia Raquel Fernández.

En la licitación pública cuestionada se presentó Don Tomás, que cotizó en 14.600.000 pesos, Yaminuhe, 15135.00 y Benito Fibiger SRL, con 15.510.000 pesos. Estas dos últimas firmas finalmente no compitieron por no cumplir con los requisitos exigidos.

En la investigación se demostró que no se cumplieron, por ejemplo con los plazos fijados para la publicación de la convocatoria en el boletín oficial, que es de 12 días, por cuanto la publicación es del 17 de junio y la apertura de ofertas el 23 de junio.

Los precios de la compra de módulos de la licitación 46/2014 fueron de 264.90 por unidad y en la 56/2015 de 426.75 pesos. De acuerdo a las mediciones de los índices de precios mayoristas a nivel general –señala el informe de Ponzone- el valor del módulo tendría que haber sido de 271 pesos, tomando valores de “precios cuidados” 313 pesos y de acuerdo a los precios de comercios de la zona de esta capital, 356.30.

Entre otras cosas se cuestiona también que en la distribución de los módulos no se consigna domicilios de entrega, ni cantidades de entregas parciales, falsificación de certificaciones y se cuestiona la participación del ministro en el procedimiento.

Se piden sanciones pecuniarias al Subsecretario de Compras y Suministros Roberto Gabriel Vouillat, por certificar irregularmente sin acreditar la publicación del acta de Preadjudicación y a la Directora de Suministros y Servicios Generales del Ministerio de Desarrollo Social, Mariela Tetti por no acreditar la publicidad que estaba a su cargo del Acta de Preadjudicación.

También a Gabriel Vouillat se le recrimina suscribir y conformar el proyecto de pliego y hacer lo mismo con el pliego definitivo; al Asesor Legal del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Gironde, por las mismas razones al igual que al Ministro de Desarrollo Social Fabián Galli y a la Directora de Suministros y Servicios Generales de ese Ministerio, Mariela Fernanda Tetti. En todos los casos son multas equivalentes al 50 por ciento de sus ingresos.