Igoldi procesó a Alfredo Pega, Dante Sartor y Marcela Rossio por otorgamiento de becas
Viedma.- El Juez penal Fabio Igoldi, ordenó el procesamiento de Alfredo Daniel Pega, por el otorgamiento irregular de 42 de becas como “administración fraudulenta en perjuicio de la administración” y también procesó como partícipes necesarios de la conducta de Pega, a Dante Sartor -con la totalidad de los cuarenta y dos casos- y a Marcela Rossio con tres casos precisados en la investigación judicial.
También pidió al Agente Fiscal competente que desarrolle investigación criminal sobre las «Becas» otorgadas luego del año 2006, incluida la actual gestión.
Se atribuye a Pega, titular del Ministerio de Familia, que habría administrado los fondos dinerarios dolosamente y manera infiel, sin la debida diligencia y omitiendo tomar los recaudos pertinentes, otorgando becas del programa con un destino diferente del expresado en la ley por actividades no previstas por la norma, tareas habituales en la administración, horas extras. También sin tramitar debidamente el otorgamiento de becas a empleados con los becarios (superando en todos los casos los tres meses convenidos y aprobados por él mismo sin estar habilitado a ello ni estar debidamente justificado, ni haber prorrogado por acto administrativo idóneos los contratos) generando esto un perjuicio económico al erario público por abonarse meses no contratados y por abonarse en los restantes períodos (tres meses convenidos) por actividades que no estaban previstas en el Decreto correspondiente. Entre ellos se encontraban cuarenta y dos beneficiarios que son empleados públicos provinciales y municipales.
El Juez indicó sostiene que para el desarrollo y consumación de la conducta, habría contado en todos los casos con la participación necesaria de Dante Sartor, quien en su calidad de Director General de Despacho y Subvenciones, efectuaba «informes técnicos» que certificaban el cumplimiento de cargas horarias y prestación de tarea convenida – cuando esto no era así- ya que no había ni siguiera evaluación ni control de actividades, con el fin de dar al trámite visos de legalidad y cumplimiento de recaudos del decreto 1189 y de esta forma se lograba los posteriores pagos.
Añadió Igoldi que para los casos de tres beneficiarios, Marcela Rossio, habría -en su calidad de Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Familia- dictado la Resolución 141 de fecha 6 de febrero de 2006 dando el alta para el pago de becas indebidas. «Esta conducta habría sido necesaria y coadyuvado para que luego el imputado Pega dictara en relación a los beneficiarios mencionados, la Resolución 505 que ratificaba lo actuado por Rossio, habilitando de tal modo el administrativo infiel, y el consecuente perjuicio para el Erario Público, con pleno conocimiento de la irregularidad del acto, conociendo la prevenida, dado la jerarquía administrativa que ocupaba, el irregular trámite», sostiene el juez.