Comité contra la Tortura: la reforma de Horne es funcional a la gestión policial ● CTA Río Negro

1. Una gestión policial al margen de las Leyes.
La gestión policial de los penales en Río Negro es nefasta. Desde la asunción del FPV al frente del gobierno de la Provincia de Río Negro hasta la fecha se han producido seis (6) muertes intra y peripenitenciarias en las cárceles del SPP. La estadística comparativa dice que el índice de muertos (6 en dos años en una población carcelaria de 700 personas) es uno de los más altos del país, sino el más alto. Por otra parte, el año 2013 va a ser recordado como el año de las fugas de los penales provinciales. En el ranking nacional Río Negro aparecía en el tercer lugar de evasiones, pero si se aplicara el coeficiente correcto teniendo en consideración la cantidad de fugas en relación a la población carcelaria, la Policía de Río Negro tiene en su haber ser la policía que más fugas promovió en el País (1)(2). En los ambientes penitenciarios rionegrinos, es sabido que las fugas son el mecanismo extorsivo mediante el cual la Policía canaliza sus reclamos, debilitando al poder político. Elementos de convicción sugieren que las fugas podrían constituirse en un ingreso extra de ciertos integrantes de las fuerzas. Los penales siempre estuvieron al comando de la policía por más que se nombren directores civiles en los cargos de conducción, ya que manejan los sectores de área interna y externa; dos sectores claves para que se produzcan fugas.

Antes de la extorsión policial del 8 de diciembre pasado, el Gobernador de la Provincia Alberto Weretilneck decide “restablecer la cadena de mando” en los penales, en vistas a restablecer el control de los establecimientos penitenciarios, bendiciendo políticamente el control policial “de hecho”, violando la Ley Provincial N° 3008, Ley N° 4283 y Ley N° 4200 e incumpliendo las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU (3), y los estándares internacionales en DDHH sobre gestión penitenciaria, consagrados por la CSJN en el Fallo Verbrisky s/Habeas Corpus (4)(5)(6)(7). La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recientemente lo expresó de manera muy tajante: “Las administraciones penitenciarias deben ser independientes de la policía, a la que incumbe detectar los delitos y detener a los delincuentes (8). En definitiva, la gestión policial no se condice con el espíritu de época, sino que además, es
totalmente ilegal.

Desde entonces, la policía se mueve al margen de las leyes provinciales citadas e ignorando la existencia del Servicio Penitenciario Provincial. Justo un mes después de logrado el extorsivo acuerdo salarial, el 8 de enero la Jefatura decide reordenar su personal, y en la movida vuelve a recrear la Jefatura del Departamento Penitenciario en la Policía, a cargo del Comisario inspector Raúl Alberto García (9). En el mismo tenor, el viernes 7 de febrero mientras el Director del Servicio

1 http://www.clarin.com/policiales/ano-fugaron-presos-mes_0_1057694543.html
2 http://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/64752/Rio-Negro-2-en-el-ranking-de-fugas-2013
3 http://www2.ohchr.org/spanish/law/reclusos.htm
4 Centro Penitenciario de Estudios Penitenciarios, Ob. Cit, pág. 2.
5 Centro Penitenciario de Estudios Penitenciarios, “Traspaso de las prisiones al control civil: la desmilitarización”,
Nota Orientativa N°7, King’s College London / Centre Internacional de Estudios Penitenciarios, Londres, 2004, pág. 2.
Disponible en el sitio web: http://www.procuraduria.gov.do/PGR.NET/Dependencias/ENAP/Documentos/no7-
control-civil.pdf
6 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Los DDHH y las prisiones”
Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones, Serie de Capacitación Profesional N°11,
New York-Ginebra 2004, pág. 230.
7 Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, Comité de Asistencia al Desarrollo, Handbook on
Supporting Security and Justice (Manual sobre la asistencia de seguridad y justicia), 2007.
8 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ob. Cit., pág. 238.
9 http://www.rionegro.gov.ar/?contID=14215

Penitenciario no había sido aún confirmado en su cargo, la Jefatura procede a la remoción del Director del Penal N°2 de Bariloche (10) en clara violación del inciso a, del Artículo 8vo de la Ley 4283 que establece claramente su competencia para “Organizar, dirigir y administrar al Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, de acuerdo a las normas de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Régimen Penitenciario Provincial y demás disposiciones legales vigentes”. Este desapego de la corporación policial a las normas y autoridades políticas, seguramente provocó el hartazgo del Director del Servicio Penitenciario Osvaldo Torres que renunció el pasado lunes 31 de marzo.

La impunidad es tal, que la Jefatura vuelve a “reasignar tareas” comisarios que acumulan una innumerable cantidad de denuncias y pésimas gestiones, como es el caso del Crio. Horacio Beccio. Policía supuestamente renunciado por el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Daniel Badie el pasado 24 agosto del 2013(11), y que hoy cuida “la seguridad” de los vecinos de Viedma estando a cargo como segundo jefe de la Comisaría N°38. Este Comisario tiene en su haber: a) una denuncia del Ministro de Gobierno, Hugo Lastra, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (12); b) responsable como director del Penal de Cipolletti de la prolongación de un conflicto -provocado por un guardia en estado de ebriedad- durante más de veinticuatro horas, y que terminó con el asesinato del Interno Víctor Hugo Tapia el el sábado 8 de septiembre del 2012 (13); c) es responsable de la ocupación del Complejo Penal N°1 por parte de los familiares de los policías imputados del caso Solano(14)(15); d) es responsable de la brutal y sangrienta represión acaecida el 24 de agosto del 2013 acreditada en audiencia por el Juez de Ejecución Penal de Gral. Roca Juan Pablo Chirinos, y denunciado en dicha audiencia por el propio Director General del Servicio Penitenciario, Lic. Gustavo Ferraiuolo.

Las derivas de semejante impunidad tuvieron sus consecuencias al interior de los penales: volvieron, y con poder, policías que habían sido desplazados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violaciones a los DDHH, vejámenes, golpes, lesiones, etc. Hay más golpes, las requisas son más violentas, y las restricciones, los abusos y las violaciones de los derechos son el pan nuestro de cada día.

El comportamiento de los jueces que rara vez procesan en caso de fugas o de muertes a los responsables de la cadena de mando (desde el director de guardia interna hasta el director del penal) demuestra impericia profesional y sugiere una preocupante complicidad con la policía. Eso sí, los jueces desatan su ira racista contra los internos iniciando acciones penales de todo tipo y color. En
un Estado de derecho, el silencio y la inacción judicial y de la fiscalía frente a estos hechos es realmente alarmante y amerita una reflexión sobre la necesidad de una reforma judicial cuanto antes.

2. El Proyecto de modificación del Comité contra la Tortura.

En este contexto debe evaluarse el accionar del Comité contra la Tortura. La Ley N° 4621 de creación nació lamentablemente con dos grandes déficits: a) fuerte dependencia del poder político; b) desfinanciamiento integral del Comité que lo convertía en una institución voluntarista.

10 http://www.rionegro.com.ar/diario/desplazan-al-jefe-del-penal-3-de-bariloche-1544853-9525-nota.aspx
11 http://www.rionegro.com.ar/diario/se-fue-el-titular-del-penal-1-1240775-9701-nota.aspx
12 http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=28809
13 http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2013/3/5/sustituyeron-al-titular-de-la-carcel-de-cipolletti_55264
14 http://www.rionegro.com.ar/diario/los-policias-detenidos-por-el-caso-solano-regresaron-a-lamarque-1197643-9525-
nota.aspx
15 http://www.rionegro.com.ar/diario/policias-detenidos-tomaron-area-del-penal-1196807-9525-nota.aspx

A dos años de la aplicación de la ley, el balance cuanto menos, aparece como negativo. Esto ha sido aceptado por la propia Legisladora Silvia Horne en declaraciones a los medios (16), que ahora intenta “lavarle la cara al Comité” con una reforma que acaba de sancionar la legislatura esta semana y del cual ella asume la autoría.

La reforma es innocua y prolonga las dificultadas del Comité, que no podrá desarrollar una tarea clara y profunda, ya que para hacerlo se requiere de la presencia de personas abocadas por entero, en todo el territorio provincial y con una infraestructura que les permita movilidad y presencia de manera permanente y sorpresiva frente a las permanentes demandas.

La CTA de Río Negro ha apoyado desde un inicio esta iniciativa aportando al Comité contra la Tortura tanto la presencia de militantes concretos y comprometidos que lo integran, como también ayudas económicas para su funcionamiento. Dentro de esta línea de colaboración -y en vistas a los problemas que comenzaron a detectarse en el funcionamiento del mismo-, se hace necesario recordar que la CTA de Río Negro presentó a fines del 2013 un proyecto de reforma a la legisladora Susana Dieguez tendiente a lograr la plena autonomía financiera, administrativa y funcional del Estado; condición necesaria para que exista una verdadero ejercicio de vigilancia y denuncia sobre la gestión penitenciaria.

La reforma de la Legisladora Horne no va a modificar el funcionamiento del mismo, y va a prolongar el actual marco de acción mínima y precaria, producto de su fuerte dependencia política. Situación que ella misma ha propiciado, dificultado la participación horizontal de todas las organizaciones de DDHH y no convocando a las mismas al debate sobre el proyecto de reforma, imponiendo su proyecto, y dejando de lado tanto el proyecto presentado a la propia legisladora por el Dr. Gaston Bosio (representante gubernamental renunciante al Comité que advertía en los fundamentos sobre la imposibilidad de que el Estado se controle a sí mismo), y el proyecto de la CTA de Río Negro; ambos tendientes a lograr una verdadera autonomía e independencia del órgano de control.

En el actual contexto de suma gravedad institucional, desde la CTA Río Negro no podemos más que lamentar la reciente sanción del proyecto de reforma, ya que entendemos que un comité dependiente política, administrativa y financieramente del Gobierno, es lisa y llanamente funcional a la actual gestión penitenciaria Policial.