Ferrocarriles y la privatización K ● Magdalena Odarda

Con la nueva “privatización” de las líneas Mitre y San Martín en manos del grupo Roggio, quien ya venía operando la línea Urquiza, y el otorgamiento de la operación de las líneas Belgrano Sur y Roca a favor del grupo Emepa, quien ya controlaba la línea Belgrano Norte; el Gobierno nacional, que parecía dispuesto a avanzar a favor de la estatización de los trenes, demuestra que no tiene un rumbo claro en el manejo que pretende hacer de los ferrocarriles argentinos, dejando a los pasajeros como rehenes de una operatoria errante y poco consistente.

Tras las tragedias, muertes, descarrilamientos y notable deterioro en los trenes metropolitanos operados durante los últimos años, el gobierno nacional prometió una «verdadera revolución en el transporte», promoviendo la idea de que la mayor parte de las líneas ferroviarias serían operadas por el estado con un criterio eficiente y beneficioso para los pasajeros. Sin embargo, la decisión política parece oscilar de un extremo a otro en pocos meses, promoviéndose actualmente la clara privatización de la casi totalidad de las líneas, quedando en manos del estado solamente la línea Sarmiento, luego de que el 22 de febrero de 2012 fallecieran 51 personas y se lesionaran más de 700 en la estación de once, y de que el 13 de junio de 2013 ocurriera otro accidente en la estación Castelar, con tres muertos y más de 300 lesionados.

Está claro que la nueva “revolución ferroviaria K” no constituye otra opción que la adoptada por el gobierno de Carlos Menem en los años 90`, dejando para los operadores privados todas aquellas actividades estratégicas que el estado ya venía desatendiendo. Con las nuevas medidas, el gobierno simplemente se encuentra premiando a quienes vinieron desmantelando y destruyendo el sistema de los ferrocarriles durante los últimos 20 años.

En lugar de rescindir las concesiones y de aplicar las sanciones correspondientes a los privados que han venido operando los servicios ferroviarias con criterios meramente comerciales y especulativos, el estado debería proponer el fortalecimiento de una empresa estatal que permita brindar un servicio distinto a los pasajeros, así como la construcción de vagones en las fábricas nacionales; una empresa eficiente con control de los trabajadores y usuarios. En cambio, el actual gobierno se limita a cumplir el rol de adquirir vagones en el extranjero y de cambiar las vías para que los privados se enriquezcan.

Ya vendrán los tiempos en que los ferrocarriles volverán a ser lo que significaron algún día para todos los argentinos, un servicio público operado eficazmente por el estado para dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades de la gente, con dignidad para todos, en todo el país y sin distinciones de clase.

MAGDALENA ODARDA
SENADORA NACIONAL
Interbloque FAP-UNEN CC- ARI