Cipolletti: A 12 años de saqueos, Justicia examinó demanda de comerciantes

Cipolletti (ADN).- A casi 12 años de los hechos ocurridos vinculados con la crisis política del Gobierno de De la Rúa, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti analizó la demanda que formularon dos comerciantes cipoleños contra la provincia de Río Negro por daños y perjuicios que provocaron personas que saquearon su negocio. Los denunciantes señalaron que hubo una “zona liberada”, por parte de la Policía, pero esa presunta acción fue desestimada por la Justicia local.

Uno de los afectados describió que en diciembre de 2001 se produjo una serie de hechos de vandalismo y violencia que sacudieron al país, que derivó en el dictado del estado de sitio y la posterior renuncia del entonces presidente de la Nación.

En esos momentos, los dos comerciantes sufrieron las consecuencias de los saqueos que se produjeron en el caos y narraron que “en la madrugada del 20 de diciembre de 2001 tuvieron que observar absortos cómo el negocio de su propiedad fue saqueado, robado y destrozado ante la desaparición del lugar de las fuerzas del orden que horas antes habían repelido la acción de manifestantes en la zona”.

Indicaron que no obstante el requerimiento de auxilio que sus representados formularon a las autoridades encargadas de la seguridad, tuvieron que “soportar ver cómo el negocio desaparecía”.

Destacaron “que las fuerzas del orden estuvieron en el lugar actuando en la emergencia, pero en la concreta emergencia del comercio de sus representados «desaparecieron como por arte de magia, dejando librado a la buena de Dios los bienes de ellos y de muchos vecinos del lugar» (sic).

Sostuvieron que la sentencia del juez de grado “es absurda y arbitraria, descalificable como acto jurisdiccional válido, porque amerita prueba inexistente y hechos no invocados en autos, resultado así violatoria del derecho de defensa en juicio de los damnificados demandantes”.

Agregaron que “la sentencia ha sostenido que no podía exigírsele a la Policía mayor previsibilidad respecto de los daños ni de la evolución de los acontecimientos en aquellas circunstancias”.

Argumentaron que esa es una afirmación falsa, por cuanto de ninguna de las constancias de la causa resulta que haya existido tal requerimiento, y que, en cambio, si quedó claro que deliberadamente la Policía desguarneció el sector de los comercios del demandante y de otros damnificados, sin ninguna explicación ni motivo” y aseguraron que “se produjo una zona liberada en la que todo fue permitido y con ello se dejó a las víctimas en la indefensión y desprotección más absolutas”.

Afirmaron que la Policía sí pudo defender a un comercio determinado, pero que nada hizo para impedir el vaciamiento de otros. “dejar un sector de la ciudad desprotegido frente a la presencia de un grupo de manifestantes saqueadores, responsabiliza al Estado aún cuando éste hubiera alegado la necesidad de cubrir otros lugares”.

Por su parte, representantes de la provincia señalaron que los dos comerciantes “no estuvieron presentes en el lugar en el momento del hecho y que no pudieron tener conocimiento cierto de ausencia o presencia de autoridades policiales”.

“Además, parecen olvidar las circunstancias concretas de tiempo, lugar y modo que rodearon los acontecimientos; sin dejar de recordar la gravedad, impredecibilidad y magnitud de los hechos sucedidos en nuestro país, principalmente durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que hicieron que el Gobierno hubiere decretado el estado de sitio, basándose en la existencia de un estado de conmoción interior, sabiéndose que consecuentemente con ese estado se produce la suspensión de las garantías constitucionales, dado que por la forma en que sucedieron los hechos, resultó materialmente imposible a las fuerzas policiales mantener una omnipresencia en todos y cada uno de los comercios que pudieran temer ser víctimas de hechos ilícitos por grupos masivos de personas desbordadas…”.

Finalmente, la provincia solicitó a la Justicia el rechazo total de la demanda, mientras un juez concluyó que no hubo una zona liberada, como afirmaron los dos comerciantes.

Por su parte, un oficial inspector, que prestaba servicio en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco y que trabajaba el día en que se produjeron los hechos que se investiga, en el Destacamento 163 del barrio 1224 Viv.iendas el 19 de diciembre del 2001, aseguró que estuvieron efectivamente en la zona de los saqueos muy cercana al negocio de los denunciantes y que debieron retirarse cerca de las dos de la mañana, porque estaban intentando tomar el destacamento (que según afirma lo habían cerrado para concurrir a la zona del conflicto) y luego volvieron a proteger el objetivo.

Finalmente, el recurso de los comerciantes fue rechazado por los jueces Maria Alicia Favot, Luis Méndez y Luis Lavedan. (ADN)