Legislatura restituiría al Estado más de 24.000 hectáreas de meseta de Somuncura

Viedma.- La restitución al Estado provincial, sin indemnización alguna a quienes las hayan adquirido o se le hubieran adjudicado 24.648 hectáreas de origen fiscal ubicadas en la meseta de Somuncura, es uno de los temas centrales de la sesión de mañana, que se iniciará a las 9, según definió anoche la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura de Río Negro.Esta semana, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo dio dictamen favorable al proyecto de ley.

Inicialmente, la iniciativa fue presentada por la legisladora Magdalena Odarda (ARI) pero luego fue compartida con la comisión especial investigadora para el relevamiento de tierras rurales que funciona en la Legislatura.

En ese ámbito, la iniciativa fue elaborada entre los legisladores y los abogados de la comisión, contando con la participación de diferentes organismos.

Odarda explicó en ese momento que las tierras “fueron adjudicadas a un precio vil, en 9,18 pesos la hectárea, mediante una tramitación irregular que fue dictaminada de nulidad absoluta por la Dirección de Tierras y por la Fiscalía de Estado en estos últimos meses”.

La legisladora indicó que este proyecto tiene relación con las denuncias que hay en la Justicia sobre las presuntas irregularidades en la transferencia de tierras fiscales que hizo el Gobierno provincial en su momento y que hay muchos expedientes más, sobre todo por la zona andina.

Entre las irregularidades, señaló que las 24 mil hectáreas fueron adjudicadas a través de la entrega de tres predios distintos, lo que contraviene la ley provincial de tierras (Nº279) porque se supera la unidad económica establecida para la meseta de Somuncura (15 mil hectáreas) y porque sólo se puede adjudicar un predio por titular.

Explicó que además del bajo precio, el adjudicatario pagó en “cómodas cuotas” y que, según los datos del expediente, efectuó solamente la primera con un 10 por ciento de descuento.

Otra de las presuntas irregularidades es que el titular no reside en el lugar ni produce, en contraposición al artículo 51 y 60 de la ley de tierras, en el que define que “la tierra es para quien la trabaja”.

Además, se otorgó el título de propiedad antes de los cinco años que establece la ley y además, al pertenecer estas tierras a un área natural protegida, “debió haber algún dictamen u audiencia pública del ex CODEMA, y una inspección previa al otorgamiento del título”.

El presidente de la comisión legislativa de Tierras Rurales, César Miguel (FpV), expresó que se busca “remediar una situación que durante muchos años se había hecho un método de aplicación para la transferencia de tierras que es sumamente nocivo, además de estar en contra de los principios que establece nuestra Constitución y la ley de tierras”.

“Lo que se hace es romper el esquema productivo y cultural, que tiene que ver con el arraigo y la pertenencia de nuestro territorio y de la gente”, expresó.

Ambos legisladores rescataron la actitud soberana de la Legislatura para tomar esta decisión, como “un paso simbólico” que sirva para situaciones similares que existen en el resto de la provincia.

La presidenta de la comisión, Silvia Horne (FpV), destacó la importancia de aprobar la iniciativa porque “este caso reúne todas las irregularidades“. Afirmó que han intervenido todos los actores involucrados con dictámenes que apoyan esta decisión y que hay una decisión política de llevarla adelante.

 

PRENSA LEGISLATURA