“Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras»
(Por Graciela Landriscini*). – Un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos convoca a reflexionar y a marchar exigiendo por el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres. En nuestro país, desde 2009, contamos con la Ley 26.485. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales que establece seis tipos de violencias: la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y la violencia política. Está última incorporada al cuerpo normativo en 2019. En este día quisiera reflexionar sobre la violencia física, la económica y la violencia política.
La violencia física es definida por la ley como aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física. Los datos de las violencias de género nos abruman día a día, según el Registro de la Corte Suprema en nuestro país hubo 251 femicidios en 2021. Y todos los años nos acercamos a la misma triste, alarmante y repudiable cifra. Un femicidio cada 35 horas.
Según ONU Mujeres, 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente en 2021 en todo el mundo y más de la mitad murieron a manos de sus parejas u otros familiares. Asimismo, señala que el número total de mujeres y niñas víctimas de femicidio se ha mantenido, lo que nos señalan la importancia de actuar en pos de la transformación y la erradicación de las violencias por razones de género a través de políticas públicas.
¡Libres y vivas nos queremos!
La violencia económica y patrimonial es la que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de distintos mecanismos y fenómenos como la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
La violencia económica y patrimonial está presente en nuestras vidas privadas pero también es parte de las profundas desigualdades estructurales del sistema capitalista y patriarcal. Las desigualdades entre varones y mujeres que se desprenden de la injusta distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas afectan directamente nuestras trayectorias educativas y laborales teniendo un enorme impacto en nuestros ingresos y, en consecuencia, en nuestra autonomía económica. Pero también, y especialmente, las desigualdades de género que afectan nuestra autonomía están vinculadas a las políticas públicas. Las políticas económicas de ajuste y austeridad tienen un impacto negativo y en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres, muchas de ellas impulsadas como condicionamientos al endeudamiento por las instituciones financieras internacionales como es el caso de la FMI.
Según datos recientes del CEP XXI (dependiente de la Secretaría de la Producción de la Nación), algunos datos indicadores recientes continúan revelando estas desigualdades: la tasa de empleo de las mujeres, del 47,1%, continua muy por debajo de las de los varones que es del 65,7%; el índice de desempleo si bien fue uno de los más bajos desde el período 2011-2015, con 7,1% en general, sigue siendo mayor en mujeres (7,8%) que entre varones (6,5%).
¡Libres y desendeudadas nos queremos!
La violencia política es aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.
El año pasado hemos sido testigos de una expresión máxima de violencia política por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Como he dicho en otras oportunidades, la violencia política por razones de género que sufre Cristina cotidianamente es la punta del iceberg de la violencia que sufrimos todas las mujeres en los distintos ámbitos en los que participamos políticamente: desde las juntas barriales y los concejos deliberante, las legislaturas provinciales y Congreso nacional, los cargos públicos y los espacios sindicales, gremiales y universitarios.
Un comité de expertas de la Organización de Estados Americanos que visitó nuestro país la semana pasada, en misión sobre la violencia en la vida pública y política de género en la Argentina actual, señaló la importancia de poner freno a la violencia que movilizan algunos actores políticos y sociales en el país como factor que degrada la democracia. Específicamente, señaló “que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política no son hechos aislados, sino que se trata de una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación.”
Es por ello que, en este 8 de marzo, en este año electoral que comienza, en estos 40 años de democracia ininterrumpida: ¡Libres, en las listas, en las bancas y participando en todos los ámbitos nos queremos!
*Diputada nacional (FdT) por Río Negro