Vigilia y negociaciones
(ADN). – La Legislatura ingresó en las últimas 48 horas de análisis y negociaciones para designar a la persona que conducirá la Defensoría del Pueblo en los próximos cinco años, “improrrogable, pudiendo ser reelectos una sola vez”, según el artículo 3°la ley 2756.
De no surgir otras alternativas pareciera ser que las mayores chances están en Mercedes Ibero, ex secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud rionegrino y funcionaria de Planificación, y la actual Defensora del Pueblo Adriana Santagati.
En este contexto, se conoció hoy en una publicación del Diario Río Negro, que Santagati tiene una denuncia laboral en la Justicia, presentada por una abogada de Viedma (PB), quien trabajaba en la Defensoría y fue dejada cesante, “sin razón” -según la damnificada- al finalizar su contrato el año pasado.
Estos contratos en el Estado fueron generalmente renovados atendiendo a las necesidades de defensa de la fuente laboral y en el marco de las normas surgidas en pandemia.
Según pudo conocer ADN, la profesional presentó su denuncia en la Justicia, patrocinada por los abogados Luis Pravato y Pedro Casariego, sin embargo, no realizó ninguna impugnación al momento de conocerse la inscripción de Santagati para un nuevo período.
En la Defensoría del Pueblo se mencionó -en su momento- que el contrato no fue renovado por “mal desempeño en las tareas”.