Debate en torno al proyecto de ley de alquileres
El alquiler no es una relación simétrica entre actores. Fundamentalmente la asimetría reside en que el inquilino pone en juego una necesidad básica, su vivienda, y los dueños buscan obtener una renta. En base a datos de la EPH INDEC para Argentina, hay muchos más inquilinos que “rentistas” dueños de propiedades, y los primeros perciben ingresos menores a los segundos. En un contexto de caída de ingresos reales que se experimenta desde 2016, el aumento sostenido de los alquileres por encima de la inflación, así como la inelasticidad de la demanda habitacional, son factores que generan una redistribución del ingreso desde los hogares inquilinos hacia los propietarios.
Los datos corresponden a un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, sobre la ley de alquileres el impacto sobre las regulaciones.
Mientras el porcentaje de la población inquilina es de 28,73% en CABA y 18,45 % en el total del país, los propietarios que perciben rentas representan, en comparación, un pequeño universo (7,1% en CABA y 3,58% en el total del país). La baja relación entre cantidad de dueños y cantidad de inquilinos se da porque las propiedades se concentran en pocas manos. Además, mientras que el 20% de los dueños de menores ingresos percibe una renta de menos de 4.000 pesos, el 20% más rico supera los 10.000 pesos de renta mensual, lo que revela a su vez las heterogeneidades al interior de los propietarios de viviendas en alquiler. Esta brecha, que es muy importante, se amplifica cuando se proyecta en la población general. Solamente el 0,63% de los hogares del primer quintil de ingresos percibe rentas, mientras que el 8,22% del 20% más rico la percibe.
La propuesta de regulación que se expresa en el Proyecto de Ley de Alquileres y que perdió estado parlamentario al finalizar las sesiones legislativas de 2018, hubiese logrado morigerar las fluctuaciones en los precios de los alquileres, protegiendo a los inquilinos en un contexto de caída de ingresos reales. La actualización propuesta por el proyecto de ley, a través de un cálculo promedio entre inflación y salarios, lograría generar una dinámica estable en el reajuste de los valores de los alquileres, eliminando fuertes fluctuaciones tanto al alza como a la baja, dependiendo de las distintas variables y las diferentes coyunturas.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los representantes del mercado inmobiliario en contra de la ley de alquileres, es que ésta incentivaría a los dueños a retirar las propiedades ofertadas del mercado. Sin embargo, el costo de mantener una vivienda ociosa significa, como mínimo, un gasto de aproximadamente 40.000 pesos anuales en la Ciudad de Buenos Aires. Si además consideramos que la gran mayoría de propietarios posee más de una propiedad, este número podría verse incrementado por la cantidad de propiedades. Por lo tanto, parece ser poco viable la opción de mantener la vivienda ociosa ante una hipotética pérdida de la rentabilidad que la ley pudiera generar.