Impulsan mecanismo de transparencia de bienes de los gobernadores en los cambios de gestión
(ADN).- Un proyecto de ley que presentó un legislador del oficialismo propone establecer un procedimiento obligatorio de transferencia de bienes e inventario de cuentas bancarias oficiales del gobernador saliente al entrante de la provincia de Río Negro. El autor de la iniciativa busca que no se apele a “la pérdida de credibilidad hacia las autoridades y la propia institución gubernamental”.
“El gobernador o la gobernadora de la provincia que cesa en su cargo realizará, bajo responsabilidad, el proceso de transferencia de la administración provincial a las nuevas autoridades electas de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en la (futura) ley”, promovió a través de la propuesta el legislador Elbi Cides (JSRN).
“El procedimiento de transferencia es un procedimiento administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal”, puntualizó.
La transferencia de la administración provincial comprendería el inventario físico de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado Provincial con sus respectivos títulos.
El proceso también incluiría el inventario de cuentas bancarias, indicando organismo al que pertenecen, destino de los fondos y saldo de cada uno de los fondos y los registros contables (reporte del estado de ejecuciónñ presupuestaria del sistema de información financiera que tiene el Estado Provincial) y otra documentación respaldatoria de las operaciones contables y financieras realizadas durante los últimos cuatro años, entre otros muchos aspectos de la eventual norma.
Cides refirió que “una vez proclamadas las nuevas autoridades y cuando el partido político cambia, comienza todo un proceso de denuncias (muchas de las cuales solo surgen en el plano de lo mediático) que ponen en jaque cuestiones esenciales de la democracia como la transparencia, la confianza y evidencian la necesidad… de la rendición de cuentas como requisito para el adecuado funcionamiento del régimen democrático por parte de las administraciones”.
Agregó: “Al no existir una norma que regule las acciones de las autoridades provinciales salientes al entregar la gestión, siguiendo algunos procedimientos mínimos que demanda un proceso de transferencia técnica, se genera un vacío legal que conlleva aspectos negativos de desgobierno y pérdida de credibilidad hacia las autoridades y hacia la propia institución gubernamental, la eventual desatención de los servicios públicos y crisis administrativa”.