Abonados ● Javier García Guerrero

El petróleo es el principal producto transado en el comercio mundial de cuyo monto de u$s 2 billones representa un 10%. En el año 2006 el superávit comercial energético argentino fue de u$s 6.000 millones. En ocho años se ha generado una diferencia negativa de u$s 20.000 millones anuales, determinando que el déficit comercial energético alcance los u$s 14.000 millones.

Esta trayectoria constituye un hecho inédito ya que desde el descubrimiento en 1907 del primer yacimiento, nunca hubo una década (¿ganada?) completa de disminución ininterrumpida de la producción de hidrocarburos.

Para abonar su hegemónica consigna del “vamos por todo” el gobierno ha debilitado al estado, licuaron los controles institucionales y concentraron la renta implementando el “capitalismo de amigos” que dio origen a una nueva oligarquía prebendaría especializada en consolidar monopolios, sobrefacturar, eludir impuestos y capturar fondos públicos.

La falta de inversión hidrocarburífera fue el resultado de políticas que combinaron el avance de grupos afines al gobierno sobre Repsol participando de una operación de vaciamiento y desventajosa expropiación, el pago de sobreprecios en redundantes importaciones desde Venezuela, la formación de oligopolios locales sobre el gasoil y el plástico. Estas acciones provocaron que el propio representante del estado en el directorio de Repsol aceptara la remisión del 120% de la utilidades (u$s 15.000 millones) durante 3 años de caída de la producción, que se desalentara la exploración gasífera anunciando la construcción de un megagasoducto faraónico desde Venezuela, que se consintiera la desaparición de 2.500 estaciones de servicio durante la expansión de transporte terrestre, que se aplicara un diferencial impositivo del 60% a favor de la importación y en contra de las refinerías regionales y otras trascendentes decisiones que convergen sobre una mismo vector de apropiación sectorial. El conjunto de las políticas implementadas determinaron que la actual producción de petróleo resulte un 35 % inferior a la de 1998 y similar a la de 1992 con una simultánea caída vertical de las reservas.

Reponer con importaciones las reservas agotadas costaría (a los precios actuales) u$s 330.000 millones una suma que permitiría comprar el doble de toda la tierra arable de nuestro país, o 500 millones de vacunos

La información sobre reservas probadas, probables y recursos, tanto de petróleo como de gas, son datos que, aunque con rezago, el Gobierno publicaba todos los meses hasta después de su victoria electoral de 2011, no lo ha hecho desde entonces. Ese año con un precio de más de u$s 100 el barril se perforaron menos de la mitad de los pozos del promedio anual correspondiente a la década del 90 cuando el precio era inferior a los u$s 20.

Brasil, un país tradicionalmente importador, logro resultados naturalmente opuestos; aumento en la última década su producción petrolera en un 90% y sus reservas en un 75%, mientras sus reservas de gas crecían en un 65%. Esta capitalización del Brasil en términos de reservas equivale a 9 años completos de producción, en términos monetarios serán mayores exportaciones o menores importaciones por un monto aproximado dei u$s 700.000 millones, o sea casi dos veces nuestro PBI.

La trayectoria de las variables conocidas hasta el 2011 es detonante e insostenible macroeconómicamente. Constituye uno de los principales temas a afrontar en la agenda del próximo gobierno y consecuentemente de las propuestas electorales que se formulen para determinar la forma más adecuada de apropiación sustentable de la renta petrolera que se continúa fugando actualmente, por parte del pueblo argentino.

En Río Negro desde la aprobación de la ley de renegociación de concesiones el Ejecutivo ha dejado pasar un año y medio de desinversión y sobrexplotación por parte de Petrobras y otras concesionarias. Se han ocultado las auditorías ambientales desfavorables pagadas con fondos públicos, se ha escamoteado la información sobre Edhipsa y las manipulaciones efectuadas con la misma para eludir la ley de administración financiera. En la Secretaría de Energía, hemos asistido a sucesivas gestiones que sigilosamente afrontaron importantes derrames, transporte irregular e introducción de residuos tóxicos desde otras provincias, descontrol de volúmenes, calidades de hidrocarburos y normas de seguridad, avasallamiento de superficiarios, impagos de impuestos.

En la Provincia de Río Negro, la argumentación del oficialismo a favor de la aprobación legislativa de la renovación de áreas Hidrocarburíferas, se ha focalizado en el bono que promete aportar en efectivo y en bienes la empresa Petrobras con la que el Ejecutivo Provincial ha firmado un preacuerdo que ha sido fuertemente cuestionado en el trabajo de las Comisiones parlamentarias y por el Fiscal de Estado que le ha formulado 35 observaciones. Ese plato de lentejas de Saúl, que según el gobernador se toma o se deja, exige ignorar la subsistencia de los juicios que la empresa tiene pendiente contra la provincia, obviando sus incumplimientos fiscales, la mora incurrida en la concreción de las inversiones, remediaciones y exploraciones de su anterior concesión durante 25 años, la inexistencia de auditorías medioambientales y contables que verifiquen la veracidad de las declaraciones juradas sobre las que liquida regalías, la negativa a constituir cauciones reales que garanticen las inversiones comprometidas, la estabilidad y salubridad de sus trabajadores, etc. etc. etc. Petrobras adquieren concesiones en distintas provincias con las que está actualmente en conflicto como garantías para mejorar el valor de sus acciones y calificaciones para adquirir nueva deuda que canalizan en Brasil, mientras nos imponen el pago aceites y combustibles dolarizados que duplican su valor en poco más de un año.

Es natural que el oficialismo no discuta con los abonados al poder de otro tema que no sea el ingreso con el que piensa orquestar su próxima campaña electoral. Con la firmeza de un fondo buitre extorsiona a los intendentes, directores de hospitales o de escuelas condicionando el cumplimiento de sus funciones esenciales desatendidas por un manejo arbitrario y descontrolado de los fondos públicos a la aprobación de un convenio ilegítimo y ruinoso. Abona esta estrategia avasallado todos los controles y límites legales vigentes para asegurar privilegios a una casta política adicta que gobierna a favor de la “patria contratista y bancaria” en perjuicio de los rionegrinos, pagando el precio de la inestabilidad política y social

La inexistencia absoluta de planificación y de presupuestos realistas, se abona con la reasignación de partidas, la contabilidad creativa para ocultar las incorporaciones de personal y las renovaciones de deuda con Nación como activos, la apropiación indebida de los fondos nacionales remitidos a los municipios para generar posiciones financieras ficticias sobre la base de la unificación de cuentas, el secretismo sobre la evolución del endeudamiento, los montos y las tasas abonadas por intereses, etc. habilita discrecionalidad de gasto y consecuentemente márgenes para la corrupción.

El Tribunal de Cuentas ha reiterado su exigencia al Ejecutivo para que limite los pagos por “legítimo abono” que llegan a casi el 70% del total. Los funcionarios abusan del mecanismo de “legítimo abono” utilizándolo para eludir licitaciones, contrataciones directas o concursos de precios y también como una manera de no hacer público determinados gastos, obrando además con impunidad de saberse luego no sancionado a pesar de que la reglamentación especifica que “el funcionario que dispuso la contratación de manera irregular responderá personalmente del mayor costo que eventualmente surja luego de la valuación, como así de los mayores costos e intereses que se hubieran devengado por la incorrecta tramitación”. Sobre las bases reglamentarias descriptas se ha procesado a funcionarios de la anterior gestión por hechos similares. Esto no ha impedido que el ex Ministro de Salud, Norberto Delfino, confirmara a fines del 2012 que unos 1.500 expedientes adeudados serían cancelados por esa vía, afirmando: «para poder proceder al pago hay que darles una entidad administrativa que es el Legítimo Abono, un instrumento legal que no enorgullece a nadie y menos a nosotros”. Dicha deuda de 20 millones se sumó a otras de la Comisión de Transacciones hasta totalizar según informó unos 50 millones, unos 15 millones de dólares a la cotización de ese momento. En nota dirigida este año al Ejecutivo por parte del Tribunal de Cuentas recuerda que el procedimiento de legitimo abono, «es excepcional porque desconoce las normas, controles y garantías establecidas para la ejecución de los contratos y la recepción de los bienes y servicios” correspondientes.

La Legislatura Provincial preocupada por evitar una rendición detallada de los gastos reservados y del uso de los fondos de APEL durante la gestión de Weretilneck y de Peralta, no ha avanzado en una modificación del trámite del legítimo abono utilizado imprudentemente por el Poder Ejecutivo, pese a que ha legislado poniendo fin a las Emergencias Institucionales, Sanitarias y Sociales aprobando el proyecto que se le remitiera a tales efectos con acuerdo de Ministros, al inicio de la actual gestión.

Superar estas circunstancias demanda organizar políticamente el sentido común, convocar funcionarios idóneos y con trayectoria honesta, sin procesos judiciales pendientes, que se sometan a la potestad de la justicia, que estudien los temas, publiquen y debatan la información, que fomenten y difundan los resultados de las auditorías de los organismos de control tanto de las empresas públicas como las de los contratistas privados a los que se vincula, que no pacte con los eternos financistas del poder, denunciados por el uso de guaridas en paraísos fiscales lavando dinero de orígenes ilícitos. Dejar atrás la pestilencia del “abono” y oxigenar el sistema representativo con una transparencia y una efectividad que ha estado ausente en la gestión del estado durante demasiado tiempo.

Lic. Javier García Guerrero. Ex Auditor Principal de la Sindicatura General de la Presidencia de la Nación Argentina.