Fuerte debate legislativo por “despidos políticos” en Río Negro

Viedma (ADN).- Un fuerte debate generó ayer en ámbito de la comisión legislativa de Asuntos Sociales el proyecto de ley que pretende reincorporar automáticamente a empleados de las empresas del Estado rionegrino que quedaron sin trabajo a partir de la derogada Ley de Disponibilidad. Pero, el centro de atención se focalizó en los despedidos de Canal 10, con la presencia de dos de ellos en la mesa parlamentaria. La iniciativa sigue en análisis con la promesa de acelerar “decisiones políticas” que permitan una solución, ahora postergada.Inicialmente, la autora de la propuesta, Magdalena Odarda (ARI), dijo que “este proyecto tiende a obtener  una reparación histórica respecto que todos los trabajadores públicos que fueron victimas de la aplicación de la Ley de Disponibilidad, que en la sesión (del 29 de diciembre de 2011) hablamos de una norma muy similar a la Ley de Prescindibilidad de la dictadura militar”. Y ese fue uno de los nudos centrales del debate posterior.

Odarda recordó dichos de Julián Goinhex, quien dijo que “tenía que desaznar a esta legisladora”, lo que la parlamentaria arista consideró “una falta absolutamente de respeto hacia la investidura de todos los legisladores”.

“Justamente, esta legisladora que considera que los trabajadores de las empresas públicas tienen estabilidad laboral. Es un largo debate y tengo criterio para defender esta posición”, remarcó.

Luego, la legisladora oficialista Susana Diéguez retrucó: “Me parece que falta rigor histórico y político comparar lo que ha sido la peor la ley de la dictadura. Quienes fuimos dejados prescindibles en la dictadura podemos contar experiencia lo que significó eso”, enfatizó.

Sustentó: “Una ley de disponibilidad o de reorganización del Estado en la democracia no es comparable con ninguna metodología de la dictadura, porque así hacemos un daño a la verdad y a la justicia”.

Recordó que desde la sesión del 29 de diciembre de 2011 “quedó mediáticamente instalado en los rionegrinos que la Ley de Disponibilidad de la democracia era igual que la Ley de Prescindibilidad de los militares”, mientras observó  que “hubo una intencionalidad política”, desde entonces.

“Hoy, insistir ante los compañeros (despedidos de Canal 10) que vienen a plantear que quieren ser reincorporados, en volver a instalar la Ley de la Prescindibilidad no es bueno. Nada es comparable con la Ley de Prescindibilidad de la dictadura militar”, insistió la legisladora del sector “albertista” del oficialismo.

Por su parte, el radical Alfredo Pega celebró que por fin se derogó la Ley de Disponibilidad, pero señaló que “quedaron resabios de viejas metodologías y se vieron claramente de parte de algunos funcionarios (del actual Gobierno). Un área que me tocó administrar (ex Ministerio de Familia) ha pagado fuertemente el recurso humano, sin explicaciones, porque había contratos de servicios a los cuales no se les enviaron telegramas de preaviso” antes de echarlos.

Refirió que “presentamos el proyecto 101/12, pero no se lo trató en el recinto, que avanza más allá de las empresas públicas y de cuestiones que nos gustaría que no vuelvan a ocurrir en el Estado rionegrino”.

Después, su par de bloque Alejandro Betelú dijo que el informe del asesor legal de Canal 10, Adrián Ambrosio, que dio lectura el presidente de la comisión, Alejandro Marinao (Fpv disidente) “tiene contradicciones en materia de lo que es la relación empleado-empleador. El informe habla de una reestructuración interna: dice que había 78 empleados y que ahora hay 78”, expresando sorpresa por eso.

“En lo político es contradictorio con la línea que viene expresando el propio gobernador”, indicó..

Agregó: “No nos cabe ninguna duda que estos despidos que se produjeron fueron por razones estrictamente políticas” e hizo notar que “en un año y medio de esta gestión (en Canal 10) no le ha dado  espacio a la oposición,  a alguien que piensa distinto’.

“Entonces, la democracia queda en lo formal”, reflexionó Betelú.

“Le agradezco a la comisión que ha recibido esta problemática y tratar de encontrar una solución, va más allá de cuatro puestos de trabajo, porque se trata de medidas que van a contramano de planteos que lo público marca el camino”.

Concluyó que en Canal 10 “no hubo achique ni reestructuración, sino que echaron a quien piensa distinto, sobre todo en un medio público”.

A su tuno, Ana Piccinini (FpV disidente) dejó claro que “estamos a favor de la reincorporación de los empleados de Canal 10 desde el punto de vista político y nos estamos ocupando de este tema desde el 10 de diciembre, aunque con indefinidas gestiones; consideramos que un proyecto de esta envergadura debe contar con una lista de las personas que se pretende reincorporar, con todos los datos” posibles.

“No podemos legislar en forma declarativa, sino con datos concretos. Nos hubiera gustado que hubieran venidos autoridades de Canal 10 a defender sus fundamentos”, dijo y reiteró su  apoyo político a la reincorporación y el rediseño del proyecto, con autoría de la comisión de Asuntos Sociales y rechazando los fundamentos” de la iniciativa impulsada por Odarda.

La legisladora radical Marta Milesi dijo que los trabajadores despedidos “vinieron a buscar una solución” y coincidió que “la herramienta para ello es la política”, tal como había expuesto Diéguez. “No hay nada comparable a lo que pasó en la dictadura. Hay que trabajar por los consensos”, concluyó.

Finalmente Viviana Pereira (FpV) aclaró que “nunca estuve de acuerdo con que ningún trabajador quede sin trabajo”, pero  dejó claro que “es imposible comparar la toma de decisiones o proyectos con la época de la dictadura”,  coincidiendo con otras legisladoras en que “a través de la política podemos llegar a la solución de este tema”. (ADN)

 

 

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