La Defensoría del Pueblo de Bariloche está desmantelada
Bariloche (ADN).- La Defensoría del Pueblo de Bariloche debió cerrar sus puertas. Venció el contrato de alquiler del edificio que ocupaba, el Ejecutivo le otorgó una reducida oficina en el Centro Cívico que sirve de depósito y la defensora interina deambula con el reclamo sin obtener respuesta. “El Ejecutivo no entiende el rol” del organismo deslizó. La situación compleja de la Defensoría no se remite sólo a que existe un defensor suspendido denunciado por violencia de género en el ámbito laboral desde hace seis meses sin definirse su situación. A raíz de eso, el Concejo Municipal cedió una funcionaria del cuerpo, la Secretaria Legislativa, Roxana Barbieri, para que ocupe interinamente el cargo. Además se suma que ahora no tiene donde funcionar.
El organismo creado por mandato de la Carta Orgánica está prácticamente desmantelado. “La Defensoría del Pueblo de Bariloche se encuentra en una situación crítica, con sus instalaciones desarmadas”, expresó la defensora interina en una carta al intendente a la que tuvo acceso ADN.
La Defensoría no puede atender al público y no existe perspectiva a corto plazo para que esto ocurra, ya que al vencerse el alquiler del edificio actual y frustrarse su traslado a otra sede municipal recientemente alquilada para varias oficinas, el Ejecutivo sólo ofreció una pequeña oficina en la parte posterior del Centro Cívico donde no entran los empleados.
Barbieri recordó a Goye que “sólo se nos ofrece un espacio para depósito de mobiliario y archivos” pese al compromiso asumido por el intendente de resolver la cuestión y a escasas semanas de que públicamente destacara la Defensoría al firmar un acuerdo para que la Defensoría del Pueblo provincial tenga un espacio para un delegado en el mismo edificio que el organismo actual.
La funcionaria consideró que el destrato al organismo es “una verdadera falta de respeto y demuestra el grado de desvalorización que el Departamento Ejecutivo Municipal tiene hacia la Defensoría del Pueblo”.
Mediante una nota a Goye, considerando que las reuniones mantenidas no dieron resultados, la defensora interina reclamó contar con un espacio físico acorde a la autonomía de funcionamiento que debe tener la Defensoría “con la independencia edilicia necesaria para no confundir espacios ni funciones y poder ejercer con libertad el rol de contralor que le compete”.
Se quejó además que el Ejecutivo “no comprende el rol de la Defensoría del Pueblo, que como órgano de contralor-lo que no lo convierte en un espacio opositor- puede realizar un aporte enriquecedor a la Administración Pública Municipal sin que a su vez ello implique ser condescendiente con el partido gobernante”.
“Si se entendiera y se respetara el accionar de esta Institución no se habría llegado hoy a la situación en la que nos encontramos”, cuestionó Barbieri y pidió el compromiso de garantizar de manera urgente un espacio acorde a las actividades que lleva a cabo la Defensoría: atención al público, mediaciones comunitarias, reuniones, tareas administrativas a las cuales hay que sumar, la reciente representación de la Defensoría Provincial, cuyo convenio fue avalado por el intendente. (ADN)
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