Cámara de Apelaciones evaluará demanda millonaria de empresario saizta al Estado

(ADN).- Finalmente, la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería de Viedma es competente para entender en la causa que inició el ex asesor legislativo y actual empresario de la construcción Gustavo Heredia, quien reclama al Estado provincial más de $2.800.000 por obras que habría efectuado, pero no cobrado.

Según consta en una reciente resolución, Heredia demandó a la provincia de Río Negro, porque no se le han abonado los importes correspondientes a las obras ejecutadas en la Escuela Especial Nº 15 de Ingeniero Huergo entre enero a marzo de 2010, a raíz de un incendio ocurrido en el año 2009.

Por eso, reclama que se le pague $2.810.882 al 31 de enero de este año y lo que en más o en menos surja de la prueba a producir en el proceso judicial.

Heredia ejerció su acción con fundamento en “un pedido urgente que recibió en forma verbal y escrita en la Navidad de 2009 para que cotice con carácter de urgente diversas tareas para reconstruir la Escuela Especial Nº 15 de Ingeniero Huergo que había sufrido un severo incendio”.

Explicó que la cotización la presentó de inmediato, siendo notificada por un arquitecto de la provincia que la misma había sido aprobada por resultar la más baja, comunicándole que el trámite de la adjudicación se demoraría por el receso administrativo, sin perjuicio de lo cual ante la urgencia de la situación denunciada las obras se iniciaron de inmediato.

Agregó que, culminadas las obras, realizó distintas presentaciones administrativas, así como trámite de legítimo abono, a los fines del pago de las mismas, acompañando escritos con los que sostiene haber agotado la instancia administrativa.

Por su parte, un Tribunal explicó que al articular la demanda de cobro, con sustento en la contratación directa que dice haber celebrado con la provincia de Río Negro para las reparaciones en la Escuela Nº 15 de Ingeniero Huergo, Heredia “sella la competencia de este Tribunal, porque el mencionado reclamo es ni más ni menos que una acción de cumplimiento de un alegado contrato administrativo, lo que no debe ser confundido con aquellos casos en los que se reclama un cobro de pesos con exclusivo sustento normativo en el derecho privado”.

Hace cuatro años, el gobernador Alberto Weretilneck desestimó la oferta que efectuó la empresa S.D. Servicios Construcciones (de Heredia) para realizar la obra de mantenimiento de escuelas de General Roca y dejó sin efecto la correspondiente licitación pública, que tenía el presupuesto oficial, que llegó a sumar más de 4.998.000 pesos y puso a disposición del Tribunal de Cuentas de Río Negro las actuaciones del caso. No hubo conformidad oficial en los plazos de obras ni forma de pago –aparentemente favorable- a la firma.