Derecho a huelga: «El DNU fue pedido por los empresarios»
(ADN).- “Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”. De esta manera se expresó el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, sobre el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei limitando el derecho a huelga, y ampliando las actividades consideradas esenciales.
“La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, agregó el dirigente.
“El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo. La legislación argentina siempre reguló los servicios esenciales de acuerdo al criterio de la OIT y hasta ahora funcionó muy bien. Esto no tiene que cambiar”, concluyó Rodolfo Aguiar.
La norma modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados “esenciales”. Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza.
También crea la figura del “servicio de importancia trascendental” al que le impone la obligación de mantener un mínimo del 50% de la prestación. Sin embargo, es sumamente abierto el criterio por lo que cualquier rama podrá considerarse esencial o trascendental. Entre los criterios, por ejemplo, se inscribe la «la interrupción o suspensión de la producción que pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal».
Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es por eso que el sindicato considera que el Gobierno, mediante esta norma, tiene el objetivo concreto de impedir las huelgas.