Hay «malas interpretaciones» sobre el «nuevo impuesto»

(ADN). – Conocido el proyecto de Gustavo San Román y Facundo López, (JSRN) que establece el pago de un nuevo impuesto en el rubro inmobiliario por obras que ejecute el Estado y que incremente el valor de la propiedad beneficiada, se generaron distintas reacciones de rechazo a esta controvertida iniciativa, que motivó una aclaración de sus autores, que no se trata «de un nuevo impuesto, sino un recupero por la realización de obras».

Haya más dudas que certezas en cuanto al cobro de esta contribución que pagarán los vecinos cuando la provincia realice obras que aumenta el valor inmobiliario de la vivienda beneficiada.

Si bien puede ser legal el cobro y es entendible que el gobierno busca recursos en el actual marco nacional, no es menos cierto que se cae sobre el contribuyente agobiado por los impuestos, las tasas, por las tarifas y por la situación económica general.

Al menos todo esto no fue debidamente aclarado a la población, aún cuando Gustavo San Román ve malas intenciones en su interpretación, que lo llevó a decir que «hubo una mala interpretación (casual o adrede) respecto que se iba a instaurar un nuevo impuesto. Esto no es así. No es un impuesto ni busca recaudar, porque la realidad es que eso va a ir a un fondo específico para poder lograr más obra pública a través del tiempo, y además se estaría logrando más equidad entre los beneficiarios de las obras. Además, no va a haber ninguna obra compulsiva porque en todas se plantea un registro de oposición”.

“Esta iniciativa busca equidad en el pago de obras públicas y beneficiar a más vecinos con los mismos recursos. No es un impuesto, sino un recupero por la realización de obras”, indicó y aclaró que “nadie va a tener que pagar nada compulsivo, ni se trata de un pago permanente. Esto es solamente por una mejora”.

Volvió a aclarar San Román que en el proyecto de Ley, “se cobra solamente a los beneficiarios de la obra, es que se propone aprobar un marco legal general que le permita al Poder Ejecutivo analizar la procedencia de su aplicación caso por caso, según el tipo de obra pública y la localidad, pudiendo variar los porcentajes de recuperación, el alcance de la zona de beneficio, proponer esquemas de financiación y modalidades de pago diferentes o exenciones”.