El Convenio Colectivo renueva la tensión gremial

(ADN).- Cuando Alberto Weretilneck convocó a los gremios para analizar y discutir el Convenio Colectivo de Trabajo en la provincia, inmediatamente ATE abrazó la iniciativa. Tras unos días de silencio, la UPCN fijó postura y dijo que antes, hay que modificar la Ley para que la discusión salarial sea parte del nuevo esquema paritario que reemplazará a la Función Pública. Y advirtió que si eso no se produce, no asistirá a las reuniones convocadas por el Gobierno.

La tensión entre los dos gremios estatales está vigente, y la renovada idea del Convenio hizo visible la vieja disputa por cuál de los dos es el que más afiliados tiene.

La génisis de este conflicto es el anuncio de la creación de un Convenio Colectivo. Weretilneck, en su gestión anterior, lo hizo en un gran acto en Viedma en la sede de ATE junto a Rodolfo Aguiar, cuando las miles políticas los tenía de aliado, y bien relegado había el sindicato de Juan Carlos Scalesi.

Hoy, el mandatario hace equilibrio entre ambos. El Convenio sigue siendo un punto de discordia y UPCN lo dejó claro en una carta dirigida a la secretaria de Trabajo, Marta Avilez, como respuesta a la convocatoria del Gobierno a la reunión del 15 de abril. Allí pidió «suspender cualquier convocatoria que tuviera como objeto avanzar en la proyección del convenio colectivo general o sectorial, hasta tanto se modifiquen aspectos centrales de la ley actual que rige la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública provincial”.

La UPCN sostiene que “es evidente que la norma -cuya modificación se pretende- de modo alguno ha cumplido con las expectativas de los sectores alcanzados por la misma. Tanto la ley actual como el decreto que la precedió hubieron de excluir del ámbito de su aplicación las tratativas salariales y aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral. No es posible articular una negociación colectiva seria, cuando la propia ley que rige el proceso negocial entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones gremiales representativas del sector con personería no admite el tratamiento de la cuestión salarial, toda vez que dicho tópico constituye el verdadero corazón de cualquier CCT, por estar dirigido a los contratos individuales y a las condiciones alimentarias de los trabajadores”.

Y agrega que “si bien el principio de libertad, impone la obligación de admitir en el sector público, la participación en el proceso de negociación colectiva, de las organizaciones gremiales que – por tener personería gremial – actúan en el ámbito Provincial, tal reconocimiento no debe traducirse en la eliminación del criterio de mayor representatividad según afiliados cotizantes. La pluralidad sindical en el ámbito público, determina la obligación de reconocer la participación de más de un sindicato en la negociación colectiva, más no apartarse del criterio de mayor representatividad como elemento primordial para la selección de la organización gremial que deba ejercer una representación singular a la hora de conformarse la voluntad del sector trabajador”.

Al respecto, en la nota abundan en que “la pluralidad gremial en el sector público -por aplicación de la ley 23.551, constitución Nacional y normas internacionales que integran el bloque constitucional- debe racionalizarse con el sistema de representación mayoritaria proporcionada. El consenso – entendido como el acuerdo expreso de ambos sindicatos – debe constituirse en la regla para conformar la voluntad del sector gremial, sin embargo, ante la falta de acuerdo entre las organizaciones sindicales, corresponde admitir alguna singularidad en favor de la entidad más representativa del sector: Mayor porcentual de votos para la conformación de la voluntad del sujeto trabajador. Si el consenso constituye el principio general para integrar la voluntad del sujeto gremial, no se advierten razones para excluir pautas objetivas – como el cotejo de afiliados – para sortear eventuales diferencias que pudieran surgir en el desarrollo del proceso negocial”.

No obstante aclaran que “UPCN, como sindicato más representativo del sector público, no se opone a la elaboración de un CCT. Sin embargo, queremos participar de un procedimiento negocial transparente, y de cuyo resultado se logre la concreción de un CCT que no importe una réplica de la ley 3487 o norma equivalente de igual rango. La proyección de un CCT – en el marco de la ley actual que rige la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública provincial no redundará en beneficio alguno para los trabajadores y trabajadoras del Estado”.

En la misiva agregan que “con la crisis económica que sufre el país en general y la Provincia en particular, la exclusión del salario como objeto negocial del CCT, le resta intereses al motivo de la convocatoria, puesto que los empleados que trabajan para el Estado necesitan como condición de subsistencia alcanzar mejoras reales en el nivel de sus ingresos mediante la constitución de una comisión paritaria en el marco de un CCT, y no a través del proceso de negociación que el Estado promueve en el seno del Consejo de la función Pública, ya que el mismo no contiene reglas claras para la adopción de las decisiones, y su eventual convocatoria depende exclusivamente de la voluntad del propio Poder Ejecutivo”.

“Tampoco comprendemos cual sería el interés de ATE para participar en una negociación de cuyo resultado no se alcanzará beneficio alguno en favor de los empleados dependientes del Ejecutivo, salvo que la intención del mencionado sindicato suponga conseguir un beneficio económico para sí, como sería la concertación de una cuota solidaria con cargo a todos los empleados, lo que importaría negociar y eventualmente formalizar un acuerdo colectivo en detrimento de los trabajadores. Desconocemos el logro que públicamente se autoproclama ATE, cuando la discusión salarial – básicamente lo central de cualquier convenio colectivo – quedará fuera de su tratamiento, por imperio de la propia ley, en el proceso de negociación al que se convoca”, cuestiona UPCN.

Por ello, requirieron al gobernador que cumpla su compromiso en relación a la promesa de reforma de la ley 5506, elevando tan pronto como sea posible a la legislatura de Río Negro un proyecto de modificación integral de la misma. “Hasta tanto se modifiquen las reglas de negociación colectiva previstas en la ley 5506 UPCN no participará de ninguna reunión de la comisión de elaboración del CCT a constituirse a la postre de la convocatoria otrora realizada por su persona. No obstante, UPCN se reserva expresamente la facultad de designar eventuales miembros paritarios – tanto titulares como suplentes – con ulterioridad a la presente contestación, en el caso de que se obtenga – vía el parlamento rionegrino – la necesaria reforma legislativa reclamada por esta organización sindical”.