Milei lo hizo. PJ unido en defensa de Río Negro
(ADN). – El peronismo de Río Negro unido y Nuevo Encuentro, aliado del PJ, presentaron hoy en el Juzgado Federal de General Roca, dos acciones declarativas de certeza para que se expida con urgencia por la falta de envíos de fondos del Incentivo Docente y del subsidio para el transporte público.
En una muestra de trabajo político conjunto, acudieron a la Justicia en defensa de la educación y el transporte público contra el gobierno de Javier Milei, por la eliminación ilegal de los fondos que le corresponden a la provincia y los municipios rionegrinos.
Esta presentación fue impulsada por el senador rionegrino Martín Doñate y contó con el acompañamiento del diputado nacional Martín Soria. También fue avalada con la firma de la totalidad de los bloques legislativos “Partido Justicialista – Nuevo Encuentro” y “Vamos con Todos”, que presiden Daniel Belloso y José Luis Berros, respectivamente y con la firma de los intendentes justicialistas, Claudia Montanaro (Cervantes), Daniela Salzotto (Catriel), Silvia Penilla (Huergo), Sergio Hernández (Lamarque), Gustavo Sepúlveda (Chimpay), Daniel Hérnandez (Campo Grande), Albino Garrone (Godoy).
La intendenta María Emilia Soria (Roca) y el intendente Héctor Leineker (Conesa) firmaron la presentación, pero no estuvieron presentes por estar en Buenos Aires, en una reunión en la Federación Argentina de Municipios en representación de los demás intendentes justicialistas y donde se iba a abordar la misma situación.
En ambas presentaciones se destaca el objetivo de eliminar el actual estado de incertidumbre generado por el Gobierno Nacional, al suspender el envío a la provincia de Río Negro, de fondos destinados por ley a sostener la educación pública y el transporte público.
Se destacó que «desde los espacios que integran el campo nacional y nuestro partido justicialista venimos en unidad y sin titubeos a defender a Río Negro, a reclamar por el federalismo y construir un dique de contención a la avanzada de un gobierno que nos está robando nuestros recursos y poniendo a la Patagonia en venta”.
Advirtieron además que “con el DNU en vigencia no solamente se están afectando los derechos a la educación pública y al transporte sino que además se producen escaladas de precios en los alimentos, los alquileres, las obras sociales, los medicamentos y los servicios públicos esenciales mientras se licúan los salarios y las jubilaciones y están en riesgo las empresas públicas, nuestras tierras y recursos naturales”.
En el ámbito judicial, con dos acciones declarativas de certeza se le solicitó al Juez Federal competente que se expida con urgencia sobre la procedencia de la remisión de los fondos mencionados, así como sobre la continuidad de las transferencias retenidas por el Gobierno Nacional. La falta de envío de estos recursos compromete seriamente la vigencia del sistema federal argentino y pone en riesgo la convivencia democrática en el país.
La presentación judicial
En el primer caso, la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional, amenaza la condición jurídica y la calidad educativa, en virtud de la falta de remisión de fondos contemplados en las leyes nacionales 25053 y 26075, que establecen la obligación del Gobierno Nacional de garantizar un financiamiento adecuado para la educación.
La retención de los fondos afecta directamente a la educación de niñas, niños, adolescentes, docentes y no docentes en Río Negro y en todo el país. La Ley Nacional 25053 establece el régimen de coparticipación federal de impuestos, donde se fijan los porcentajes que corresponden a las provincias y a la Nación. Por su parte, la Ley Nacional 26075 declara de interés nacional la educación pública y garantiza la distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para asegurar su calidad y el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución Nacional.