La privatización de YPF y un blindaje anticipado
(ADN).- «Por qué puse como cláusula también que para esta transferencia se requieran la autorización del Congreso de la Nación con las dos terceras partes de sus miembros? Algunos dirán qué exagerada, es la misma mayoría que para reformar la Constitución. Quiero que si algún día, después de mí, quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, van a tener que amacarse un poco para juntar las dos terceras partes”.
Las declaraciones fueron realizadas por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en 2012 anunciaba el envío al Congreso del proyecto de ley para la nacionalización de YPF.
El discurso recobra significación y en estos días se reproduce por diferentes medios de comunicación a partir del anuncio del presidente electo Javier Milei de iniciar un proceso de «saneamiento» para luego privatizar la compañía de bandera petrolera, lo que generó inquietud en el sector, el alerta de los gobiernos provinciales y el rechazo de los gremios.
Pero el próximo gobierno, además de necesitar la aprobación de dos tercios del Congreso de la Nación, una eventual privatización de la petrolera del Estado también requiere de la aprobación por parte de los gobernadores. Esto se debe a que en la nacionalización también se realizó una sindicatura de acciones entre Nación y las provincias.
Este pacto de sindicación de acciones que se ejecutó con las provincias significa que deberán votar siempre en la misma forma. Con el objetivo de “asegurar los intereses de la Nación”, esta cláusula se fijó para que el Estado nacional y las provincias deberán votar en la misma forma en la administración de la compañía.
El conglomerado de provincias está nucleado en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) que se formó en 1984 y está integrada por las diez provincias que, actualmente, realizan emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.
Esos distritos también tienen que expresarse ante la privatización.
Río Negro
El anuncio de privatización sacudió el sector petrolero. En el mundo, el mercado reaccionó bien y las acciones de YPF subieron. Pero entre las provincias de la Ofephi las declaraciones de Milei cayeron como balde agua fría por el impacto económico negativo que tendrían a partir de la pérdida de regalías.
Particularmente, en Río Negro, el marco está dado en el adelanto del gobernador electo Alberto Weretilneck, de avanzar en 2024 en la renegociación de los contratos petroleros.