EdERSA cuestionó al fiscal de la estafa de Siglo XXI
(ADN). – EdERSA cuestionó la reformulación de cargos realizada por el fiscal de grado el Ministerio Público, Guillermo González Sacco, contra los accionistas de la empresa de cobros Siglo XXI, acusados de una millonaria defraudación contra varias empresas y organismos del Estado provincial. Señala la distribuidora de energía que el fiscal dio un giro inesperado y, con el mismo informe de pruebas, acusó a la presidenta de la empresa acusada y a su responsable operativo por una defraudación contra EdERSA por 30.000.000 de pesos y no por la cifra calculada de 147.800.000 de pesos.
“Es verdaderamente preocupante que el fiscal Sacco, con los mismos fundamentos probatorios de hace un año -cuando formuló los cargos-, ahora diga que en realidad los imputados estafaron a EdERSA en una suma irrisoriamente inferior a lo que había indicado en marzo de 2022”, señaló Luciano Perdriel, representante legal de EdERSA y Gire SA, empresa ésta última que bajo la denominación de Rapipago fue estafada en 16.700.000 pesos por los acusados.
Perdiel dijo que este hecho es preocupante por la jurisprudencia que podría generarse a partir de una reformulación de cargos de este tipo, y afirmó que «es muy importante recordar que los acusados no sólo provocaron un accionar defraudatorio contra dos empresas privadas, ya que también lo hicieron en perjuicio de Aguas Rionegrinas -2.160.000 pesos- y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro”.
En este último caso, expresó, «Siglo XXI concretó una estafa y se quedó con dineros y comisiones que estaban destinados a la ayuda y el desarrollo de pequeños productores del interior de la provincia. Esto es realmente muy grave”, aquí el monto ascendió a 1.044.659 pesos, dijo.
Perdriel explicó que EdERSA se opuso a la reformulación de cargos de Sacco porque “se basa en los mismos elementos probatorios que sustentaron su postura inicial (plazo mayor y un perjuicio de más de 140 millones de pesos)” y que “teniendo acreditado el delito, y que se trató de una maniobra dolosa, reducir el período de la imputación resulta un adelantamiento inadmisible pues ello deberá ser determinado, en todo caso, en instancia de juicio. Limitar esos extremos atenta contra una tutela judicial efectiva a las víctimas de los delitos, sin beneficiar a la defensa con mayores garantías pues el hecho está claramente descripto”.
También aclaró el letrado que “aquí debe quedar bien en claro que no se trató de cualquier estafa, por la metodología y la ingeniería desarrollada para la misma, y por los montos ya señalados. No se puede usar los mismos argumentos legales que frente a un robo o estafa menor”.