Río Negro y Neuquén presionan por sus represas
(ADN).- En 2023 vencen las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la explotación comercial de las hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Ambas provincias buscan intervenir en todo lo relativo a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos.
El acta acuerdo, firmada hoy por los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, y Neuquén, Omar Gutiérrez, define constituir una Comisión integrada por representantes de ambas Provincias, para que en el plazo de 120 días confeccione un documento que considere y resuma la situación actual de los aprovechamientos desde el punto de vista técnico (civil, electromecánico y eléctrico) y ambiental, además de las obras prioritarias.
Dicha Comisión presentará ante los gobernadores de ambas provincias una propuesta de acción para ser elevado al Gobierno Nacional.
Entre los meses de junio y diciembre de 2023 se producirán los vencimientos de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes sobre los ríos Limay y Neuquén, El Chocón-Arroyitos, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados.
Junto al gobernador de Neuquén @OmarGutierrezOk, proclamamos la potestad sobre nuestros recursos hídricos.
— Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) December 27, 2021
Firmamos un acta acuerdo para el análisis de propuestas, ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén. pic.twitter.com/kuG9Z5slJN
Nación es quien definirá el esquema o modelo a implementar para llevar adelante tanto la operación y mantenimiento, como la explotación comercial.
En ese sentido, las provincias de Río Negro y Neuquén detentan el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos hídricos existentes en sus territorios (Artículo 124° de la Constitución Nacional), resaltando que el uso y aprovechamiento de estos recursos debe propender al desarrollo regional, mediante la aplicación de la renta resultante de la comercialización de la energía generada, a un plan de estudios, proyectos y obras de infraestructura a consensuar entre las provincias.