Se cumplen tres años de la desaparición de Maldonado

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en un contexto de protesta social cuando oficiales de la Gendarmería Nacional persiguieron y reprimieron en un operativo ilegal a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut, que habían cortado la Ruta 40. Recién 78 días después, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo fue encontrado río arriba del lugar en el que lo habían visto por última vez.

“Se cumplen tres años de impunidad por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Seguimos esperando que la Corte Suprema empiece a investigar la carátula como desaparición forzada”, dijo Sergio Maldonado en un video que difundió este viernes, en el que pide un juez imparcial al frente de la causa.

«En enero de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago, sin embargo la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores», comunicó la familia de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia.

«La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la provincia de Buenos Aires», advirtieron en la cuenta de Facebook que administra la familia de Santiago.

Los organismos de Derechos Humanos realizarán esta tarde una actividad de la que participarán Estela de Carlotto, Taty Almeida, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. A las 18.10 se leerá el comunicado de la familia, mediante la página de Facebook Justicia por Santiago Maldonado, en el que informarán los pasos a seguir en la causa. Convocaron a una marcha virtual en redes sociales. Se utilizarán los hashtag #JusticiaPorSantiago, #3AñosDeImpunidad y #ElEstadoEsResponsable.

Pasaron tres años y el caso no fue esclarecido el Poder Judicial. La muerte de Santiago ocurrió en el contexto de un operativo violento e ilegal de represión de una protesta, la investigación del accionar de Gendarmería intentó ser clausurada y todos los funcionarios fueron desligados de responsabilidad.

El caso Maldonado fue paradigmático de la violencia estatal como respuesta a las protestas sociales durante el gobierno de Mauricio Macri, encabezada por la entonces ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Fueron años de justificación permanente del uso indiscriminado de la fuerza, de reivindicación corporativa del accionar de las fuerzas de seguridad, y de respaldo político desde la cumbre del Poder Ejecutivo incluso ante la comisión de delitos. “Yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”, dijo Bullrich en el Congreso mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido.

El entonces secretario de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, segundo de Patricia Bullrich, había estado a cargo de los operativos. El accionar del ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia durante el tiempo en que Santiago estuvo desaparecido tampoco fue investigado: espionaje, hostigamiento y maltrato a las víctimas, infiltraciones, detenciones arbitrarias y represión en las manifestaciones que reclamaban Justicia, ocultamiento de datos relevantes para la causa, operaciones con información falta y tergiversada a través de periodistas y medios de comunicación que fueron partícipes necesarios para construir el relato oficial y garantizar la impunidad del caso.