Leguizamón, otra vez en el centro de la polémica

(ADN).- En Bariloche, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de queja ante la decisión del juez de juicio Héctor Leguizamón Pondal, por una decisión que -entiende el organismo- «impide a la Fiscalía y a la víctima, ejercer sus derechos y obtener una sentencia en tiempo oportuno”, remarcando que el magistrado “no actuó de modo imparcial”.

El conflicto entre los fiscales y el juez es por el proceso en el que se pretende iniciar un juicio a una persona acusada de abuso sexual a una niña, que se encuentra con prisión preventiva.

Por la calificación del delito, el caso debería ser juzgado por el mecanismo de juicios por jurados, modalidad suspendida por la pandemia del Covid. En consecuencia, la Fiscalía quiere avanzar con un Tribunal técnico, como ya ocurrió en otros casos similares en diferentes puntos de la provincia.

Como la prisión preventiva del acusado está por vencerse, la Fiscalía -con el consentimiento de la víctima- había reducido levemente su pretensión punitiva (el máximo de los años de cárcel), de manera de posibilitar un pronto juicio, con la expectativa de una condena.

Pero Pondal lo rechazó. Y dejó al imputado elegir la forma del juicio. Su defensa pidió que sea por un jurado popular, cosa que se torna imposible y no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá llevarse a cabo. En consecuencia, el acusado recuperaría la libertad hasta la fecha del debate oral.

Y ante la queja de la Fiscalía porque el juicio por jurados está suspendido por ley, el juez volvió a declarar inconstitucional (ya lo había hecho en otra oportunidad) la norma dictada por el Parlamento de Río Negro.

Esa definición de Pondal abrió un fuerte debate en el Poder Judicial, que tiene aristas diferentes: por un lado la política (el magistrado mantiene una disputa con la titular del STJ, Liliana Piccinini), y por otro jurídica (el juez entiende que los juicios por jurados son una garantía constitucional).

Para el Ministerio Público, el juicio por jurados es una modalidad de juzgamiento, pero no constituye una garantía

Además, entiende que procesos que el que plantea (modificando la pretensión punitiva), evita la litigiosidad, acorta los tiempos y logra cerrar los procesos con condena. Es por ello que, en los casos donde se puede, el Ministerio impulsa la aplicación de los juicios abreviados, con el consentimiento de la victima y todos los actores del sistema.

Con el mismo criterio, el organismo judicial modifica la pretensión punitiva, y en vez de juicios por jurados se hacen juicios con un Tribunal técnico.

Pondal, no admitió la rebaja punitiva. Esto generó otro debate: pueden o no los Fiscales hacerlo? Según la Ley Orgánica está en sus facultades. Incluso, aún sin modificar el monto de la pena, se han logrado instancias de juicio con un jueces técinos por estar suspendidos los juicios por jurados. Ese mecanismo ya fue utilizado en otros casos similares en el Alto Valle.

Otros casos

Mientras tanto, otros casos con pretensiones fiscales de más de 12 años de prisión se encaminan a juicio, con la modalidad de jueces técnicos dispuesta por la Legislatura de Río Negro de manera excepcional hasta diciembre, ante la imposibilidad de reunir a jurados populares de distintas localidades en un mismo ámbito sin violar las disposiciones sanitarias vigentes.

En Bariloche, hace diez días se desarrolló una audiencia previa al juicio contra una persona acusada de abusar de sus nietas. La pretensión fiscal supera los 12 años. El pedido del Fiscal fue admitido por el juez Campana quien aclaró que “si el juicio se fija dentro del período de suspensión de los juicios por jurados, será con un tribunal constituido por tres jueces técnicos. En el caso de que las audiencias sean después y no haya alguna situación distinta, será por jurados y habrá otra audiencia preparatoria”.

El debate de otro caso, también de delitos contra la integridad sexual perpetrados contra una niña en la misma ciudad andina y con igual pretensión punitiva, se desarrollará ante jueces técnicos ya que el juez Gregor Joos aceptó la pretensión del Fiscal – que contaban con la adhesión de las víctimas-, de reducir mínimamente la pena para poder avanzar a la instancia del juicio.

En General Roca, en tanto, el Juez Oscar Gatti determinó que cinco acusados de dar muerte a un hombre en la ciudad de Allen en junio del año pasado para quienes el Fiscal había adelantado la pretensión de más de 12 años de prisión, serán juzgados por un Tribunal de tres jueces técnicos ante la imposibilidad de realizar juicios por jurados, aludiendo a la vigencia de la mencionada ley.