«Las inmobiliarias no cumplen la ley ni en pandemia»
(ADN).- La Federación de Inquilinos planteó quejas frente a los incumplimientos de las inmobiliarias a las nuevas reglas que estableció el DNU sobre modalidades de pagos, congelamiento y prohibición de desalojos.
En una carta dirigida a a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, la entidad denunció que «las inmobiliarias no se apegan a la ley ni siquiera en estos tiempos de crisis y emergencias, y en donde la población en su conjunto comienza a atravesar una terrible situación económica, consecuencia de esta particular pandemia”.
Sobre ese punto, indicaron que “ha tenido reacciones diversas de parte del mercado inmobiliario” desde la publicación del decreto presidencial.
Específicamente, la Federación denunció “una silenciosa política de desalojos, en hoteles, pensiones, y habitaciones de vivienda familiar, y que miles de inquilinos reciben la presión para que no adhieran a la prórroga del contrato, y son conminados a firmar contratos nuevos con aumentos abusivos y comisiones inmobiliarias que no corresponden, y ningún organismo público controla”.
La entidad -que nuclea a todas las provincias- subrayó ante Bielsa que es preocupante que “no hubo una sola publicidad oficial dedicada a garantizar que se cumpla el Decreto, mientras las inmobiliarias amenazan a los inquilinos con subir el precio luego de octubre, con los aumentos que no pudieron concretar en estos seis meses, situación que tendrá un drástico impacto en el bolsillo de cada familia.”
El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, explicó que “acompañamos la carta con un diagnóstico por provincias de cómo se está viviendo la situación de las y los 9 millones de inquilinos y de los problemas para hacer cumplir las medidas del decreto”. También puntualizó que “el Decreto del Gobierno Nacional es un logro absolutamente necesario, pero es urgente velar por su cumplimiento.”
Finalmente, desde la Federación que agrupa al sector inquilino de nuestro país, piden por la extensión por 24 meses del Decreto presidencial 320/20, y por el urgente tratamiento de la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación.