Investigan «despilfarro» del fondo de garantía de ANSES

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) encontró elementos que podrían configurar un delito en la administración del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, durante la era Cambiemos.

Los indicios, tras casi un año de investigación preliminar, quedaron plasmados en una investigación penal iniciada contra el titular del organismo previsional Emilio Basavilbaso y contra los principales directores encargados de definir las inversiones del FGS.

Es sólo por el período que abarca el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 pero ofrece complejidad y reticencia del organismo a proveer información. La causa quedó, el viernes, en manos del juez Sebastián Ramos con intervención del fiscal Eduardo Taiano por los delitos de defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Esta situación en torno a los manejos del FGS se suma al procesamiento dictado contra Luis María Blaquier, ex titular del fondo por negociaciones incompatibles con la función pública, también basado en inversiones con los fondos previsionales que generaron un beneficio a empresas relacionadas con Blaquier en detrimento de las arcas públicas.

El Fiscal General Adjunto Gabriel González Da Silva retomó un expediente que había comenzado por una supuesta asociación ilícita denunciada por la diputada kirchnerista Luana Volnovich en 2018. La UFISES inició acciones para establecer si “se habrían tomado diferentes decisiones en materia financiera que habrían afectado económicamente” al FGS.

Durante un año, intentaron recopilar información y adoptaron medidas de prueba con el objetivo de establecer si hubo elementos para ser denunciados ante la Justicia penal. Intervinieron distintas áreas del Ministerio Público Fiscal como la dirección General de Asesoramientos Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) y la Dirección General de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

“La investigación preliminar ha logrado obtener información de interés que permitió corroborar algunos extremos mínimos de algunas de las hipótesis factibles de investigación y otras, en cambio, han quedado pendientes de esclarecimiento por insuficiencias en la documentación aportada que habría permitido la prosecución de la pesquisa de una manera más acabada”, puntualizó la unidad especializada en delitos contra la seguridad social. En palabras llanas, hubo retaceo de los datos solicitados en la investigación preliminar.

Al menos en una de las operaciones analizadas, “hubo un exceso de topes que prevé la normativa de inversiones del FGS, superándose de esa manera el 50% en Títulos Públicos no garantizados”. Esto iría en contra del principio de seguridad y rentabilidad que podrían haber generado un perjuicio económico. De hecho, el kirchnerismo denunció que la administración de Mauricio Macri recibió en 2015 el FGS con u$s66 mil millones distribuidos en activos. Ya en la época de la denuncia, se consideró que había mermado en casi u$s20 mil millones en pérdidas motivas por inversiones fallidas, los efectos de la devaluación y la financiación al Tesoro. La discusión se actualizó ahora respecto a cuánto ascenderá la pérdida cuando deban entregar la llave del FGS al equipo de Alberto Fernández.

La denuncia original apuntó a Juan Martín Monge Varela, subdirector ejecutivo de Operaciones del FGS; al entonces gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola; y al gerente de Inversiones, Andrés Rodríguez Lubary. Los tres presentaron sus renuncias en simultáneo, con efectos al 1 de agosto de 2018, un mes antes de que se inicie la investigación preliminar. González Da Silva estimó que en ese lapso entre 2017 y 2018, la cartera del FGS creció 26% en pesos, pero cayó un 36,3% en dólares, los activos más valiosos en un contexto devaluatorio.

No se pudo establecer todavía el motivo que llevó a esa pérdida, si fue por inversiones fallidas o por situación macroeconómica adversa. Por eso solicitó a Taiano que impulse la investigación exigiendo datos concretos de inversión y rendimientos de sus recursos, las decisiones adoptadas por los funcionarios con el objetivo de preservar el patrimonio del FGS. La hipótesis por la negativa confirmaría parte de la denuncia: si se utilizó “holgadamente el FGS para financiar gastos corrientes del Sector Público Nacional, generando así su descapitalización y desprotegiendo cualquier otra actividad rentable”.

Las inversiones no garantizadas, precisamente, son de riesgo y no pueden asegurar una rentabilidad que conserve el patrimonio de los fondos destinados a sustentar la sustentabilidad del sistema previsional.