Clientelismo M: Justicia frenó el pago del «bono paralelo»
(ADN). – La juez María Servini suspendió el pago del bono de $5.000 a desocupados, que había sido dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo por una resolución interna denunciada por Ámbito, a raíz de las sospechas de que se trate de una maniobra «electoralista» dado que se concretaba días antes de los comicios presidenciales. En Viedma los pagos se iniciaron esta mañana en el Banco Macro.
Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos, que había denunciado que con el otorgamiento de los planes se pretende «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».
Los planes iban a beneficiarios de Lomas de Zamora, San Martín, Chaco, Formosa, Rosario, Santa Fé, Mar del Plata, Corrientes, La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta Capital Federal. Este operativo se inició hoy hasta el martes 22.
Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.
Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva «al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».
Primero fue conocido a partir de noticias periodísticas que daban cuenta de planes sociales por 5.000 pesos en una única vez, y que el mismo iba a ser distribuido por intendentes afines a Macri y la fórmula oficialista.
Luego, eso fue plasmado en la Resolución 1177 de la secretaría de Empleo, la cual no fue publicada en el Boletín IOficial, y con un presupuesto de 570 millones de pesos.
La jueza en su fallo dijo que el otorgamiento de plantes «podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social». (Fuente: ámbito.com)