Un año sin Rafita ni Justicia

(Por Santiago Rey*).- El 25 de noviembre de 2017, un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina mató por la espalda a Rafael Nahuel. La responsabilidad institucional de la fuerza de seguridad, y personal del autor del disparo se acumulan por centenares en el expediente. Sin embargo, la línea de la investigación judicial sólo apunta a consolidar el relato del “enfrentamiento” sostenido por el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. En esta nota, se adelantan tramos del libro “Silenciar la muerte – Crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel”, que detallan el momento de la muerte de Rafita y algunas preguntas pendientes de la causa. Además, se publican en exclusiva una serie de fotos del expediente judicial.

Rafita, su asesinato II
“Rafa nos decía que lo dejáramos, que sigamos, pero no podíamos hacer eso”. Fausto Jones Huala empieza por el final. “Lo bajamos, nos decía que no, pero lo bajamos”, repite.

No fueron más de 20 minutos. La balacera de los Albatros había herido a dos jóvenes y matado a Rafita.

Aún respiraba cuando Fausto y Lautaro improvisaron una camilla y comenzaron a bajarlo hacia la ruta. Rafa le agarró la mano a Fausto, balbuceó algo en su todavía incipiente mapuzungun; algo que los jóvenes mapuche interpretaron como un desafío a la autoridad, como una reafirmación de su condición de integrante del pueblo originario, como una exigencia de valor ante lo que se les venía.

“No podíamos dejarlo ahí. Lo empezamos a bajar, pero a mitad de camino ya no hablaba, estaba frío”, Fausto, la voz firme.

La primavera barilochense regalaba un baño de sol y casi 20 grados aquella tarde. Pero Rafa se iba poniendo frío mientras sus peñis lo bajaban por la montaña.

Minutos antes Fausto, Lautaro y Rafael habían descendido unos metros “a ver que pasaba”, porque un silencio ajeno al lugar les llamó la atención. De repente quedaron cara a cara con los Albatros que habían permanecido escondidos a la espera de refuerzos para cumplir la orden judicial de despejar el lugar.

Los uniformados “gritaron ‘alto’ y empezaron a disparar”, dice Fausto, que sabe bien del sonido de los balazos. En enero de 2017 en la comunidad en Resistencia Cushamen un disparo le provocó un traumatismo de cráneo y la pérdida de la audición de uno de los oídos.

En Villa Mascardi, diez meses después, a “6 o 7 metros de distancia” los Prefectos dispararon y “nosotros tirábamos piedras. Era lo único que teníamos”, justifica.

Quince minutos puede ser mucho tiempo si se está frente a un pelotón de fusilamiento que, munido de armas de guerra, dispara a mansalva. “Si dejábamos de tirar piedras, nos agarraban”, Fausto, que empieza a volver al momento fatal.

Cuando cesaron los tiros, los integrantes de la comunidad y quienes habían ido a ayudarlos se miraron. Dos jóvenes, Gonzalo Coña y Johana Colhuan, se quejaban por dolores en el hombro y el abdomen. Nada grave. Rafa estaba tirado en el suelo. Algunos dicen que le escucharon decir “me dieron”. La gorrita visera a su lado.

Durante
Lo primero que hizo Villanueva el 25 a la mañana, fue ordenar la intervención de dos teléfonos que mantenían contacto con el número terminado en 253, adjudicado a uno de los hombres de la familia Colhuan. Entendió que el titular de esa línea podía seguir escondido en la montaña, evaluó que desde ese teléfono se recibieron y realizaron numerosas llamadas que podrían aportar datos sobre su situación, y dispuso las medidas para obtener información.

Al teléfono finalizado 253, a las 14.14 horas del 25 de noviembre, llegó un mensaje que decía: “a las 6 bajen a pescar”. A las 14.19 desde la línea de Colhuan se respondió: “Está bien a esa hora estamos”.

En función de ese cruce de mensajes, el Juez Villanueva ordenó al Prefecto Principal Leandro Ruata, jefe de Prefectura Bariloche, que “intensifique (en cantidad de personal) las recorridas que viene ejecutando”. Le dijo que estaba facultado para solicitar apoyo de otras fuerzas -Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional- y así “dar con el paradero de las personas sustraídas el día del procedimiento”. Se refería a quienes no fueron detenidos el día 23.

Villanueva ya había realizado la consulta en Buenos Aires y recibió el ok del Director de Parques Nacionales, Eugenio Bréard.

Bréard es un viejo conocido de Macri, quien lo designó al frente de Parques a poco de asumir. Ex directivo de Phillip Morris, hizo lobby contras los proyectos de ley Antitabaco. Además, es dueño del complejo Country Club Cumelén, en Villa La Angostura, elegido por Macri para sus sistemáticos descansos patagónicos.

Si Villanueva hubiera sabido que en el teléfono de algunos de los integrantes del grupo Albatros que unas horas después matarían a Rafael Nahuel, se encontraba la clave de lo que sucedería, tal vez hubiera podido evitar ese desenlace.

Por ejemplo, en el celular del Ayudante de Segunda de Prefectura Naval Argentina, Eric Fabián Blanco, se esconde uno de los misterios de la causa que ni el Juez Villanueva ni la Fiscal Little se dieron nunca a investigar: ¿Quién es una persona apellidada Salazar?.

El Ayudante Blanco, en los días previos al ataque de Prefectura, cruzó 16 mensajes de texto con alguien guardado en sus contactos como “Ifi As Zalar” -las últimas dos palabras, anagrama de Salazar-.

Ifi As Zalar, cuyo teléfono termina en los números 602, le ad- virtió a Blanco, el 24 de noviembre a la 01,26 de la madrugada: “Atentos. Me ha llegado cierta información, respecto a futuros accionar durante esta noche o mañana. A Juz Fed y PF (Policía Federal), o bien algún corte de ruta. Esta data viene de gente desde adentro. La cual están invitando muy cerradamente a gente del 7,2 km a reagruparse o unirse con los de Mascardi y armar algún lío. Perdón muchachos pero va a ser una noche movida para los buenos, PSA, COER tienen orden de recorrer ante posibilidad de atentados en la zona”.

No fue una “noche movida para los buenos”; fue, en todo caso, la del 25, una tarde movida para los que Ifi As Zalar, Blanco, y el resto de las fuerzas de seguridad, consideran “los malos”.

La “cierta información” que manejaba el contacto de Blanco deja en claro que la comunidad podría haber estado infiltrada, o bien que, alguien podía tener acceso a escuchas de los teléfonos intervenidos por el Juez.

Algunas horas antes de aquel mensaje, Blanco le envió un texto: “Zalazar. Te hago una consulta, vos informaste sobre el tema de las mochilas?”.

Blanco se refiere a las mochilas encontradas el día 24. Salazar -¿Zalazar?- no respondió.

Juan Manuel Salazar sería un efectivo de la Policía de Río Negro que tal vez pueda aportar algún dato al expediente, pero su identidad nunca fue investigada.

Mientras ese 25 de noviembre Villanueva estaba en su despacho, los Albatros dedicaron la mañana y primera tarde a fotografiar y filmar sus incursiones, antes de “intensificarlas” por orden del Juez.

El Cabo Primero Francisco Antonio Lezcano sacó fotos con algunos Albatros posando, e hizo un video; el Cabo Primero Francisco Javier Pintos sacó cinco fotos de vainas tiradas, árboles y barricadas; el Cabo Segundo Carlos Valentín Sosa realizó un video con su celular.

Los días previos fotografiaron los paisajes y se sacaron fotos y selfies posando en actitud desafiante.

Posiblemente Pintos hubiera subido alguna de esas imágenes a su Facebook, donde oportunamente compartió una foto celebrando el aniversario del golpe del 24 de marzo junto a sus compañeros de armas; o donde canaliza todo su odio contra el kirchnerismo y los chilenos.

Pero las cosas cambiaron, y las fotos sacadas el 25 de noviembre a la noche figuran en el expediente judicial, son de frente y perfil, y mostrando las manos durante la toma de muestras para el análisis de presencia de pólvora.

*Periodista, autor del libro “Silenciar la muerte – Crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel”