«Este presupuesto condena a los obreros de la construcción»

(ADN).- “No voy a ahondar en números porque ya entre el miembro informante y las observaciones de mis compañeros de bancada, ya ha quedado claro sobre todo las subejecuciones”. Así se expresó el legislador Raúl Martínez (FpV) al exponer en el debate por el Presupuesto en la sesión de hoy, y puso de manifiesto que la falta de acceso a la tierra y la vivienda provocan situaciones dolorosas como la muerte de la familia en Viedma.

Apuntó su intención de destacar lo que ha venido sucediendo en estos últimos años e indicó que “en cuanto al tema mutuales es común escuchar a los funcionarios poniendo de relieve lo que significa este sistema solventado por los propios trabajadores. Suele ponerse de ejemplo la crisis del 95 en la provincia, donde comercios y negocios cerraban pero no cerraban las mutuales y entonces a pesar de no cobrar sus sueldos los trabajadores podían comer, curarse, vestirse”.

“Es muy bueno recordarlo, especialmente en una provincia que le da rango constitucional a este tipo de entidades”.

Las mutuales son empresas con rostro humano, sin fines de lucro, que han generado a través del Estado sus propios recursos.

La FEMUR creó una forma que generó un arancel pagado por los trabajadores al Estado para que le administrara sus propios fondos.

“De ese fondo debía salir la ayuda, especialmente a las más pequeñas mutuales. Un fondo propio.Pero vino el IPAP y se quedó con esos fondos que pudimos recuperar en el 2016 con una ley que oportunamente presentamos”, recordó Martínez.

Explicó que “así se fijó un presupuesto de 800 mil pesos que se subejecutó en un 100 por ciento y en el 2017 fueron 3,5 millones que también se subejecutó en un 100 por ciento”.

Martínez afirmó que “en el 2018 se presupuestó 4.358.000 que no se ejecutaron un solo peso y para el 2019 hay otros tres millones y pico y aún no sabemos que fue de todos esos dineros no ejecutados. Cuatro presupuestos, uno tras otro”.

“Quién es el responsable? La autoridad de aplicación que se sienta sobre los fondos y le escatima su propio dinero a las mutuales. Sabrá el gobierno y esta legislatura qué hacer” afirmó.

General Conesa
“También quiero hacerme eco del reclamo de la municipalidad de General Conesa que desde el 2016 tiene presupuestado la ampliación del hospital y no le dieron un peso; no pusieron un ladrillo, en un pueblo donde se cruzan dos rutas con lo que ello implica en materia de accidentes”, señaló

Dijo Martínez que “el ENDECON es otro caso emblemático. Tiene rango constitucional y nunca se cumple con lo que manda la ley madre.

Le están asignando un aumento del 18 por ciento de aumento a la partida.

125 millones ante los casi 400 que necesita el ENDECON para todo lo que tiene que hacer”.

El parlamentario describió el proyecto integral del ENDECON en materia forestal y madedera “que es único en la región y es lamentable que no se lo evalúe en su verdadera dimensión”.

Obras y Obreros
“Quiero además referenciar a alguna cosas que se han dicho como por ejemplo que al plan Castello se le suma 7.800 millones para obras. Y no es verdad”, afirmó Martínez.

El Plan Castello está sumado a los 7.800 millones, que no difiere al año en curso, sólo un 4 por ciento y acá se dijo que se aumenta considerablemente. Esto significa que si para el 2019 se resta el Plan Castello, lo que se asigna son 4.600 millones a la obra pública, lo que significa que no existen planes de viviendas.

“Si leyéramos los dichos de los legisladores aquí, donde el presidente de la bancada oficialista dijo que representaba trabajo para 5 mil obreros, no es así. Todavía no se han terminado viviendas de la gestión Saiz, lo que quiere decir que en lugar de 5000 no llegan a 500 obreros en actividad en toda la provincia relacionados con la obra pública”, detalló el legislador con datos oficiales de la UOCRA.

“No voy a hablar del plan 70/30 porque no existió nunca”, ironizó.

Informó que en el actual proyecto de presupuesto “lo único que encontré es que el IPPV va a construir, suponiendo que no haya subejecución, unas 244 viviendas para toda la provincia. En plata, según el propio gobierno, eso representa 88 millones y algo más. Cien casas, en el mejor de los casos, para todo Rio Negro”.

“Mientras al plan Camino a Casa, anunciado por el propio gobernador en marzo, todavía lo estamos esperando. Se nos fue el año y eran 900 millones.

Adónde fueron? No se construyó una sóla casa” indicó y recordó que “para el 2019 el Camino a Casa tiene 28 millones, lo que significa el 3 por ciento de lo que el FONAVI manda a esta provincia”.

Martínez argumentó que “otro año más sin viviendas, condenando a miles de obreros de la construcción sin trabajo. Alguna vez alguien tendrá que hacerse cargo del costo social que esto significa, porque los trabajadores de la construcción no son ciudadanos de segunda o de tercera”.

“Mirando el presupuesto, vemos el crecimiento para el Poder Judicial, para el Minisiterio de Seguridad y Justicia, para Niñez y Familia, pero para Vialidad , DPA, Obras Públicas, es todo menos; todo para atrás”, detalló.

Interrogó al cuerpo el legislador diciendo “Y si invertimos los roles? Si le ponemos plata a la obra pública y dejamos de ver deambular a los obreros por las oficinas para que les paguen una boleta de gas o por una bolsa de comida?”

“Una familia falleció calcinada en Viedma porque un padre no permitió que su hija y sus nietos usurpen un terreno; porque no educó a sus hijos para delinquir”, añadió Martínez.

“Ponemos fotos de gente asesinada o desaparecida, pero no se nos mueve nada por una familia entera diezmada por la tragedia.Pruebe el Estado no pagar dos meses los sueldos y verá lo que pasa”, preguntó y concluyó “Pero acá se murió una familia calcinada y nadie dice nada”.

“Este presupuesto para los sectores que yo represento significa falta de oportunidades”, afirmó el legislador Raúl Martínez.