Bonadío envió información y arranca la investigación
(ADN).- Finalmente, el juez federal Claudio Bonadío envió a Río Negro el material de causa que investiga el destino de fondos nacionales para construir viviendas en el marco del plan Techo Digno. Son 35 cajas con el material de la instrucción compuesto por testimonios y el resultado de allanamientos. Ahora, la Procuración provincial comenzará su propio estudio.
La jefe del equipo de fiscales que armó el procurador Jorge Crespo está en Viedma analizando el contenido de las cajas que envió Bonadío. Hasta la capital provincial llegaron también fiscales de las cuatro circunscripciones que investigarán en su región, con autonomía funcional pero con las responsabilidades del caso.
Graciela Echegaray, fiscal jefe de Roca, coordina los trabajos con el fin de sistematizar la información y ordenarla de modo de seguimiento.
«Falta información» dijo ayer en contacto con esta agencia. Por lo tanto, Echegaray solicitará al IPPV y a los municipios datos que no constan en la instrucción de Bonadío. «Pretendemos darle celeridad a la investigación» aseguró.
El equipo de fiscales pondrá la lupa sobre el Plan en las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, Conesa, Choele Choel, Río Colorado, Godoy, Cervantes, Fernández Oro, Cipolletti, Campo Grande, Bariloche, Jacobacci, Cinco Saltos y Sierra Grande.
Para ello, además de los fiscales, se trabajará con peritos de la Procuración en materia contable y derecho administrativo. Se hará foco en el destino de los fondos, etapas de obra, certificaciones y entrega de viviendas. El relevamiento será en los sitios, pero también en los expedientes municipales y los balances de las empresas.
Cabe recordar que el plan Techo digno en un momento pasó a la provincia, instancia en la que se dictó una ley específica. De allí surgió una resolución (428/2009) para instrumentar esa transferencia. No todos los municipios adhirieron y prefirieron tomar las riendas de las obras.
Ahora, se investigan las discrepancias entre las responsabilidades que corresponden a cada actor: provincia, empresas, municipios. En su momento el IPPV informó sobre el nivel de ejecución las obras, ya que con la ley provincial, se avanzaba en el objetivo de “finalizar la culminación” de obras.
La investigación surgió por denuncias que indicaban que varias obras no se habían finalizado, incluso algunas ni siquiera habían comenzado. Por eso, el Ministerio del Interior de la Nación designó a Mónica Marchisella como instructora sumariamente quien elevó su tarea al juez Bonadío.
A raíz de la difusión del caso, algunos intendentes se presentaron espontáneamente al juzgado en Comodoro Py.
Por ahora no hay imputados. Etchegaray aseguró que la investigación «no tiene encorsetamientos» y subrayó la «celeridad» que el Ministerio Público le quiere imprimir.
Y admitió que hay riesgo de prescripciones que dependen del tipo del delito y los eventuales imputados, ya que no es el mismo tratamiento procesal para los funcionarios públicos.