Sobresueldos: denunciarán al fiscal ante la Magistratura

(ADN). – Ex funcionarios del gobierno de Miguel Saiz, imputados en la causa de sobresueldos, presentarían mañana una denuncia contra el fiscal de Cámara Hernán Trejo, por “inconsistencias jurídicas en los alegatos” presentados durante el cierre del debate de este juicio.

Según conoció ADN en medios allegados a la defensa de algunos abogados, el escrito está terminado y sólo hay repasos de retoques en la redacción y será elevado al Consejo de la Magistratura, que deberá estudiar y considerar esta denuncia sobre “marcadas falencias” en la labor del fiscal, quien también fue cuestionado durante el proceso por el legislador del FpV Alejo Ramos Mejía ante sospechas de la posibilidad de no acusar en la causa.

En paralelo el Consejo de la Magistratura no dio curso a dos denuncias contra Trejo y mandó al archivo los expedientes que tenía para su análisis.

Un fiscal cuestionado que siente el fuego cruzado.

Para el viernes próximo está previsto que el tribunal integrado por los jueces Gustavo Lavayen, Ignacio Gandolfi y Carlos Valverde, haga conocer su veredicto sobre las imputaciones contra los acusados.

Esta causa se inició en febrero del 2011 por una denuncia penal que presentó Martín Soria, actual intendente de Roca y titular del PJ, ante la jefa de los fiscales de Río Negro de aquellos años, Liliana Piccinini, en el marco de un escenario electoral que siempre generó sospechas. La Procuradora General impulsó la causa a través del fiscal de entonces Marcelo Alvarez

Así se definió como una “causa política” donde hoy luego de siete años la defensa de los imputados ataca sobre los errores que se fueron hilvanando tanto desde la actuación de Alvarez como de la etapa de instrucción que tuvo a su cargo el juez Carlos Reussi.

En los círculos de los ex funcionarios acusados persiste aún estas sospechas del interés de algún sector de la Justicia de producir condenas “con inconsistencias jurídicas” y de corte político. Intereses personales y presiones sobre el tribunal.

La causa de sobresueldos podría terminar –en esta instancia- el próximo viernes con un manto de dudas y sospechas. “Media biblioteca para cada lado” como les gusta decir a muchos letrados.

¿Qué se juzgó? El pago irregular de un adicional salarial entre los ministros y funcionarios entre 2004 y 2011, sin cumplir con las normas administrativas correspondientes. Entonces el debate se asienta en determinar si existió delito, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y peculado.

Se sostiene en contrario que el pago de adicionales se realizó mediante un expediente con un circuito administrativo que pasó por distintos controles internos y externos dentro de la Administración pública y por lo tanto se descarta el delito de peculado porque hubo 13 controles en todo el proceso.

Ante este argumento la fiscalía asienta la acusación en que se trató de un sistema que no se había bancarizado. “Media biblioteca para cada lado”.

Cuestionamiento al fiscal

De acuerdo a informaciones a la que accedió ADN, los cuestionamientos al fiscal Hernán Trejo que se llevarán a la Magistratura, se asientan en sus propias contradicciones expresadas en el alegato.

Por ejemplo: el fiscal en su exposición señaló que en el pago de los sobresueldos “Hubo claridad administrativa en el proceso del pago de los adicionales. Hasta el cobro del cheque por parte de los ministros”.

Significa según se desprende de sus dichos, que reconoce que es un adicional, o sea no un salario y por lo tanto que se aplicaron todas las normas de imputación presupuestaria del gasto y en el procedimiento administrativo y los controles de Contaduría General y la Fiscalía de Estado.

Otra afirmación que se rebate es cuando el fiscal indica que “no debe haber un gasto fuera del presupuesto y los mismos deben estar explicitados por rubros que especifiquen su destino”.

Ante esta premisa se alega en la defensa que el gasto siempre tuvo ejecución presupuestaria, en tanto no se puede pagar un gasto sin su ejecución en el presupuesto, primero se ejecuta el gasto, con control de la Contaduría y luego se pasa a la Tesorería General.

Así se llega al final, en esta instancia, de una causa “emblemática” en torno a sus implicancias políticas que se generaron en determinados escenarios de tiempo y espacio en el pasado y que ahora debe resolver la Justicia.