La UCR denunciaría a Soria por irregularidades en Roca

(ADN).- El dirigente radical de Roca, Daniel Balduini, adelantó que el partido presentará una denuncia en la Justicia contra el intendente Martín Soria, por presuntas irregularidades en la administración municipal. La acción está basada la revisión de resoluciones en las que habría anomalías.

La dirigencia del Comité de Roca logró acceder a las resoluciones de la gestión Soria después de una acción judicial que impulsó después de solicitar en el municipio información que, aseguran, es pública. Un fallo del Superior Tribunal de Justicia ordenó a la gestión municipal a presentar toda la documentación.

Y si bien los dirigentes admitieron que han revisado 60 de las 3.000 resoluciones sin publicar, resolvieron acudir a la justicia, porque luego de revisar apenas el 2% de la documentación, aseguran haber detectado varias irregularidades.

Balduini, el ex candidato a intendente por la UCR, indicó que cuando se presentó en el municipio para que se cumpla la orden judicial de mostrar las resoluciones, “primero me pareció un poco extraño el horario, porque solo me podrían atender de 7:15 a 8:30. Pero eso no es nada, porque además me dijeron que la copia de todas las resoluciones tenía un costo que yo debía asumir. No hay drama, dije, pensando que me iban a dar un CD con la información, pero me estaban pidiendo plata para las fotocopias. Me sentí que volvíamos al 1.800, porque la mayoría de los municipios, hace 10 años que están digitalizados”.

Estos obstáculos fueron tomados como una señal clara de ocultamiento, según declaró Balduini en el programa radial 120 Noticias. “Si uno tiene las cosas en regla, entrega toda la información, sino la retacea, pone todo tipo de trabas; y si lo hace, por algo es”.

Balduini dice que han descubierto, a poco de revisar, que “hay resoluciones de pago sin expediente, como la orden a un subsecretario para que compre ornamentos para la entrega de las becas. Pero no hay rendiciones de gastos. Ni un detalle del gasto. Hay entregas de dinero sin condicionamientos”. En este sentido, acotó que “las formas no cierran, porque por ejemplo, le sacan la sentencia de transito a una persona, que apeló en el año 2014 una sentencia que tiene fecha de 2015”.

El dirigente recordó que cuando le tocó desempeñarse en el municipio de Bariloche, “en 2008 estaba digitalizado. Se abría el sistema a las 7 de la mañana y cerraba a las 3 de la tarde. Y eso pasa también en la administración provincial y en casi todos los municipios”.

Pero algo llamó más la atención del dirigente radical cuando fue a buscar la información que el STJ ordenaba entregar por ser pública: “Cada vez que nos dan las resoluciones, nos hacen firmar una nota por la cual nos hacen cargo de la difusión de esa información. De una información que es pública. Entonces vuelve a ser una cosa oculta y privada. El mensaje es: esta es mi casa y decido como quiero”. Y trasladó este comportamiento a un eventual triunfo político de Martín Soria en las elecciones provinciales: “estos parámetros, son los que se podrían replicarse en la provincia. Olvídense los periodistas de tener alguna información”.

El reclamo formal, fue ver el contenido de 3.000 resoluciones de gobierno. El primer día pudieron ver 60, luego 30 y el lunes pasado otras 30. “A este ritmo, vamos a tardar 10 años en revisar la documentación”, acotó con sorna el dirigente, quien de todos modos anunció que, como solo el STJ resolvió sobre la información de 2017, harán otro reclamo por la difusión de las resoluciones de este año.

Concluyó que “como están dadas las cosas, es evidente que el municipio no quiere mostrar las resoluciones”, y tras señalar que “hay irregularidades en el 2% que hemos podido revisar”, adelantó que iniciarán acciones legales.

Pero más allá de eventuales desprolijidades, “primero es irregular el sistema. No hay software que abra y cierre la administración. Las fechas en las resoluciones se ponen a mano, hasta el punto que hay resoluciones sin fecha”.

En los municipios con un sistema digital, “cada funcionario tiene un código para trabajar dentro de los sistema informáticos, lo que permite hacer un seguimiento del accionar del funcionario. Pero acá le pasan las actuaciones por mail a la Secretaría de Gobierno, que luego imprime las resoluciones”.

Resaltó que “la digitalización evita que alguien pueda sacar y poner según su conveniencia, porque registra horarios, días, todo”.