CPNP: documento en defensa de la Universidad Pública

(ADN).- La agrupación Cipolletti en Defensa del Proyecto Nacional y Popular (CPNP), el plan de ajuste nacional «exige estar de pie y movilizados en la defensa de la educación en todos los niveles y las conquistas logradas en la ciencia y la tecnología nacional», a la vez que pide la recuperación salarial por la pérdida en el valor real de las remuneraciones por inflación, y al mismo tiempo «demandamos un crecimiento del presupuesto universitario del 50%, garantizando el funcionamiento, las obras en curso y nuevas, y el financiamiento de los programas de inclusión educativa, de investigación, extensión y docencia que garantizan su rol transformador».

También se expresa que «en la Universidad Nacional del Comahue que cubre con sus servicios localidades asentadas en un millón de km cuadrados, la situación es crítica; cinco meses sin recibir los aportes financieros de las partidas de gastos corrientes. El atraso en el envío de las partidas para cubrir los gastos de funcionamiento impide crecer y cumplir la misión constitucional encomendada acorde a los principios democráticos que deben regir la vida nacional.

En un documento firmado por Oscar Rodríguez y Graciela Landriscini, se expresa que «el acuerdo de Macri con el FMI profundiza el ataque contra los trabajadores y los sectores populares. A la imposición de salarios por debajo der la inflación, se agrega la reforma previsional y laboral en curso y el desguace del Estado nacional y provinciales, a través de pactos con los gobernadores. En el caso de la universidad y la ciencia, sobran los ejemplos de cómo se aplica esta política de recortes y ajustes sobre los presupuestos, los atrasos financieros y los recortes salariales. Los casi mil despidos ya concretados en el CONICET, los casi 300 en el INTI, los despidos en el INTA, Senasa, como en sectores tecnológico productivos (el fin de ARSAT, la PIAP en Neuquén, entre otros), demuestran el desmantelamiento sistemático del complejo científico tecnológico como parte de un plan de entrega de la producción argentina al capital internacional».

Se indica que en la universidad, los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 son claramente de ajuste; «es un escándalo político que se ha retrocedido con apoyo de parlamentarios oficialistas y aliados. Recientemente se ha impuesto un recorte de cuatro mil millones de pesos, que implica el 25% de los “gastos” no salariales, que implica un salvaje ajuste sobre las becas, los comedores, las bibliotecas y las partidas de funcionamiento al tiempo que aumentan las tarifas de los servicios básicos, los insumos dolarizados, el combustible y el costo de equipos de laboratorio, componentes de estructuras en plantas piloto y campos de experimentación, así como en mantenimiento».

Se aclara también que «en particular, la decisión de no iniciar obras de infraestructura profundizará la crisis edilicia en todas las universidades; en las nuevas porque deben crecer, y en las más antiguas porque requieren mantenimiento o reconstrucción de espacios por envejecimiento de las construcciones e instalaciones, y por el necesario cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para evitar riesgos, accidentes, etc».

Agrega que «ante la emergencia y el silencio cómplice de muchos representantes políticos y funcionarios del Estado en distintos niveles y responsabilidades, así como el colaboracionismo de algunos sectores de las conducciones universitarias, llamamos a toda la población a sumarse para defender un principio fundamental: el acceso gratuito, universal y laico a la educación universitaria y los recursos para garantizarlo. La educación superior es de todos, no es propiedad de los funcionarios ni de los universitarios».