La Multisectorial respaldó al juez Marigo

(ADN).- La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche manifestó su solidaridad y apoyo al juez Rubén Marigo ante las declaraciones en su contra realizadas recientemente por el gobernador Alberto Weretilneck. Y le solicitaron al mandatario que de respuestas en materia de Derechos Humanos.

Desde la organización expresaron: «tomamos el concepto del gobernador sobre las decisiones, instándolo a definir si va a asumir la responsabilidad de conducir políticamente los destinos de la provincia o va a continuar siendo una servil marioneta del gobierno nacional».

«En materia de derechos humanos consideramos imprescindible que el gobernador dé respuestas a gravísimas cuestiones sin resolver a lo largo de los 6 años que ya lleva en el gobierno», agregaron.

Mediante un comunicado, enumeraron:

-A poco de asumir, Weretilneck se comprometió ante los familiares de los jóvenes asesinados el 17 de Junio de 2010 a velar por el avance de la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias para lograr el esclarecimiento de los crímenes cometidos. Ninguna acción concreta que diera cuenta de sus dichos a 7 años y medio de los asesinatos.

– Por las innumerables denuncias ante el accionar mafioso de la fuerza policial de R.N, Weretilneck expresó su decisión de democratizar la institución. Se hablaba de la nueva policía, en el marco del irrestricto respeto a los ddhh. Nada de ello sucedió. La respuesta personal del gobernador fue la publicación de un mapa del delito garantizando la continuidad de la impunidad policial y la estigmatización de muchísimas familias del Alto de Bariloche.

-Tampoco se dio respuesta desde el gobierno al reclamo de políticas públicas y presupuesto para combatir e investigar el aumento de femicidios en nuestra provincia: Ruth, Micaela, Natalia, entre tantas otras.

-Junio de 2016, desaparición y posterior asesinato del oficial de la policía de Río Negro, Lucas Muñoz. En el hecho están seriamente implicados comisarios, subcomisarios y agentes de la policía provincial. Los mismos efectivos que están acusados de participar en la desaparición de Daniel Solano. A pesar de las declamaciones sobre descabezar la corrupción policial, todos siguen en sus puestos. El oficialismo mueve eficazmente su aparato para que no se avance en la investigación.

-Llegamos al 1° de Agosto de 2017. Después de la brutal represión de la Gendarmería Nacional en Cushamen, Santiago Maldonado, residente en Bolsón, estuvo 78 días desaparecido. Su cuerpo “fue encontrado” sin vida en un lugar que ya había sido varias veces rastrillado. El gobierno provincial desconociendo el reclamo nacional e internacional de Justicia por Santiago, de investigación y castigo a funcionarios políticos y gendarmes que ordenaron y fueron parte de la represión, apoyó activamente la estrategia represiva al mando de la ministra Patricia Bullrich, culpabilizando de la violencia a las comunidades en conflicto y a los sectores de la sociedad que apoyamos el reclamo.

-En ese marco y ante la protesta general, desde una total irrealidad, W declaró que su gobierno no tenía muertos por las fuerzas del estado. Pues bien, ya los tiene. Y son varios. Rafael Nahuel es uno de ellos. Asesinado por la espalda por la prefectura nacional con balas de plomo negadas por su oficialismo, por un aparato gubernamental al servicio de la mentira que convierte herramientas de trabajo en lanzas, piedras en balas, compañeros valientes y solidarios que acompañan a su amigo muerto, en culpables.

Y en este brutal contexto caracterizado por la implementación de políticas de ajuste y represión, la estigmatización y la persecución a pueblos originarios, los palos, gases lacrimógenos, las balas de plomo y de goma, camiones hidrantes, policías armados hasta los dientes a las puertas de los supermercados, las detenciones arbitrarias, la militarización de las ciudades el gobernador tiene la desfachatez de decir que está a favor del diálogo y en contra de la violencia.

Nos preguntamos cómo se atreve a hablar de imparcialidad y objetividad cuando desde su gobierno ha demostrado una y otra vez la firme decisión política de responder a los intereses del poder a costa y en contra del pueblo. El pueblo que reclama se convierte rápidamente en el enemigo al que hay que eliminar. Con el falso argumento de combatir la violencia, el gobernador aplaude el anuncio de la creación un “comando unificado” de fuerzas nacionales y provinciales, que no es otra cosa que un nuevo aparato oficial de represión para garantizar la implementación de las políticas de ajuste y entrega.

Finalmente, creemos que lo político es parte inevitable de nuestras vidas. Y seguro es que el Dr. Marigo tomó una decisión política al intervenir como integrante de la APDH a favor del reclamo por justicia y en oposición a decisiones que lo entorpecen.

Decisión política que debería tomar el Sr. Gobernador por respeto al mandato popular por el que está en su cargo, ya que por sus decisiones, acciones e inacciones pareciera confundir la función de gobernar la provincia con la de un director gerencial de una empresa privada.