Miedo y poder. ADN

El poder y el miedo son dos elementos dinámicos que juegan un papel fundamental en la dimensión represiva. La sensación de temor opera como un disparador en las sociedades que, supuestamente indefensas, piden la intervención del Estado para que elimine las tensiones y devuelva el orden, terminando con aquello que la amenaza y la pone en riesgo.

Cuando ello ocurre, se corren riesgos de pérdidas de libertades y derechos, sobreviene un discurso social mayoritario habilitante -que los gobiernos sienten como respaldo- y se avanza en un esquema abusivo que, muchas veces, termina en tragedia.

Esto sucedió en Bariloche, cuando Rafael Nahuel perdió su vida producto de un disparo por la espalda, en medio de un operativo de las fuerzas de seguridad federales en Villa Mascardi, luego de una toma de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La justicia determinó que la bala provino de un arma 9mm compatible con la que utiliza el grupo Albatros de la Prefectura, que se encontraba en el lugar.

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona», indica la Convención Internacional de Derechos Humanos. Ese valor esencial en cualquier sociedad moderna, democrática y de plena vigencia de su estado de derecho, no tiene discusión. Aquí, está siendo subvertido, quedando un par de escalones por debajo de derechos como la propiedad privada o la libre circulación en calles y rutas.

El discurso habilitante existe. Y también gobiernos que lo toman de respaldo. En este caso, el nacional y el de la provincia de Río Negro, en cabeza de Alberto Weretilneck, que convalidó el operativo a partir de una falsa creencia: adjudicó la toma del predio a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el «enemigo interno» del Sur Argentino.

Una vez conocida la noticia (que rápidamente se viralizó y se transformó en el acontecimiento de la semana) surgió de la esfera nacional la versión del «enfrentamiento», aduciendo que quienes estaban en el predio del Mascardi tenían y utilizaron armas de fuego, cosa que hasta hoy, no sólo no se pudo probar, sino que ni hay un solo indicio que haya habido fuego cruzado.

Lo concreto es que Rafael, de 22 años, perdió la vida.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó el accionar de las fuerzas federales y generó la declaración pública más atroz de los últimos años en Argentina: «Nosotros no tenemos que probar nada». «Esto es muy importante, esta es una decisión de fondo, que implica dónde está la ley y qué tienen que hacer cada una de nuestras fuerzas de seguridad».

Además, para la Ministra, no hay «posibilidad» de diálogo con grupos violentos como la RAM. De ahí se tomó Weretilneck para repetir casi calcadamente el argumento de Nación.

El problema para ambos es que en la toma de tierras en Villa Mascardi, no tuvo intervención el grupo que lidera Facundo Jones Huala. Pero hay otras inexactitudes en los discursos de Bullrich y Weretilneck. Los dos emparentaron la RAM a los «mapuches» y éstas dos al adjetivo «terrorista».

En Río Negro el 7,1% de la población es originaria. De ese total, el 80% es mapuche. Y en su gran mayoría, están asentados en las ciudades, porque las zonas rurales ya prácticamente no garantizan supervivencia, por lo que es muy reducida la porción que aún ocupa campos, estepa y bosques, lo que limita la posibilidad de la lucha en el territorio por la pertenencia ancestral de la tierra.

Además, la Provincia tiene una legislación de avanzada en materia de derechos en general, y de los pueblos originarios en particular. Tanto, que todos los reclamos se han resulto a partir del diálogo y el consenso político logró restituir parte del territorio que las comunidades reclaman.

Y por si fuera poco, el Ministerio de Educación tiene un programa de escuelas biligües para que los descendientes de mapuches puedan estudiar en los dos idiomas, de modo de integrar, dar igualdad de oportunidades y respetar las culturas.

Pero esto fue pasado por alto. Ni Bullrich (que no tiene por qué saberlo) ni Weretilneck ni el senador Miguel Pichetto lo tuvieron en cuenta cuando tildaron de «grupos violentos» a los «mapuches» de la RAM que «atentan» contra el sistema.

La realidad demostró que Rafael no era integrante de ninguna comunidad, no estaba en Mascardi encapuchado, armado ni pertenecía al RAM. Era un pibe pobre del Alto barilochense que aprendía oficios, trabajaba y hacía tareas solidarias. Si no hubiese sido de apellido Nahuel y patagónico, quizás hasta hubiese sido distinguido como «joven emprendedor» por el gobierno nacional. Un chico con esas características pero de la Villa 31, hubiese sido nota de los medios nacionales después de haberlo presentado en la Usina del Arte porteña.

Weretilneck cometió el apuro (por congraciarse con la Casa Rosada) de acusar antes de saber. Y quedó en off side. Su vice, Pedro Pesatti, lamentó la muerte de Rafael: «es incomprensible» dijo, y pidió saber la verdad, que haya justicia y que se termine la violencia física y la verbal, que provoca este tipo de acontecimientos. Su ex Jefe de Policía y actual camarista civil, Ariel Gallinger, indicó que «el derecho a la vida es superior al derecho a la propiedad privada». Su secretaria de Derechos Humanos firmó -junto a sus pares de 15 provincias- un duro documento por la muerte del joven y solicitaron la intervención del titular del área nacional, Claudio Avruj. Y su aliado en Bariloche, el intendente Gustavo Gennsuo, aseguró que estas situaciones ocurren -entre otras cosas- por la pobreza estructural y subrayó que, una vez más, los muertos son pibes pobres del alto de la ciudad.

Este caso expuso, una vez más, la tensión que existe en Argentina. Es cierto que la motivación de llegar a Mascardi tiene una reivindicación de tierra sagrada, pero también de necesidades. Y es un conflicto que deben resolver las instituciones y la política, no las fuerzas de seguridad con ráfagas de metralla.

Uno de los disparadores fue la denuncia que hizo el titular de Parques Nacionales, un ex CEO tabacalero, que pidió el desalojo. Allí, el juez debe dimensionar el caso antes de pedir el auxilio de la fuerza pública. Incluso, una vez tomada esa determinación (actuando bajo la autoridad que le da la ley), debe tener dimensión de las consecuencias. La misma responsabilidad le cabe a quienes están en la conducción de Prefectura o Gendarmería. Esos casos piden merituar acciones y reacciones.

¿O acaso no se aprendió nada con la muerte de Santiago Maldonado?

Gennuso, el Obispo de Bariloche y la comunidad mapuche terminaron de romper el argumento oficial: no hay componente RAM en este conflicto. El intendente fue categórico: cada vez que ocurrió algún suceso (como el incendio del refugio de alta montaña) el grupo reivindicó el ataque o su participación. Acá no. Incluso, la presencia de un hermano de Jones Huala, no convierte a los ocupantes en una célula terrorista.

Para colmo, muchos dudan de la Resistencia Ancestral. Las comunidades mapuches de Río Negro y Neuquén los desconocen, incluso los cuestionan y condenan, y hasta creen que son un «invento de los servicios de inteligencia». En la mayoría de los operativos que realizaron en la zona de Cushamen (Chubut), Bolsón o Bariloche, llamativamente no hubieron detenidos. Habrá que estudiar la conexión con grupos similares en Chile, su financiamiento y cobertura.

Por ahora no hay avances en la causa. El juez no colabora mucho. Como en Chubut, pide permiso para poder ingresar a la toma de Mascardi, cuando está investigando el asesinato de un joven. Inaceptable. La justicia tiene que esclarecer la muerte de Rafael, determinar responsabilidades y castigar a los culpables. También es repudiable que la propia comunidad que está afincada allí, no permita el ingreso del magistrado y los peritos, máxime cuando trata de determinar las causas del fallecimiento de un pibe que fue solidariamente a llevar comida y ayudar con algunas tareas. Una de las voceras de la toma es su tía, peor aún.

La familia de Rafael no puede con su dolor. El padre pidió una resolución judicial y la madre graficó: fue a ayudar y me lo devolvieron en una bolsa. Hay bronca con la comunidad que está en Mascardi.

Rafael vivía con su familia en una precaria casilla de madera, nylon y algún material. Luchaba por ayudar a llevar la comida diaria.

Rafael, como Santiago Maldonado, son dos víctimas por solidaridad y empatía con una causa. Pero fundamentalmente son dos víctimas de un sistema que pone por encima de la vida humana otros valores. Hoy, el RAM opera como factor de miedo, y el poder hace lo que sea para devolver el orden que pide a gritos un gran sector del país.

Será materia de estudio determinar a quién es funcional el grupo liderado por Jones Huala.