Becas: Di Giácomo le acercó un borrador a Scalesi
(ADN).- El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, fue hoy a la sede de UPCN para alcanzarle al secretario general, Juan Carlos Scalesi, un borrador del decreto que da un marco legal al pase de becas a contratos de más de 400 trabajadores, que el Ejecutivo está confeccionado.
El gesto del gobierno provincial es para aplacar el descontento de Scalesi ante el proceso de diálogo que el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia inició con ATE, para confeccionar un listado de los trabajadores que en esos organismos perciben su sueldo mediante becas.
«Una vez más, demostramos que UPCN informa con la verdad, sin promesas falsas y demagógicas» expresó el líder sindical al finalizar el encuentro con el enviado de Alberto Weretilneck.
El documento sería -de acuerdo a lo que informó UPCN- una «modificatoria» del decreto 1063/97 que establecía el programa de becas y establecerá diferentes tipos de contratos según sean profesionales, administrativos u operadores. Los profesionales técnicos ingresarán en la categoría 8; los administrativos con secundario en la categoría 3 y los operadores sin secundario en la categoría 1. Todo en función de lo que se determina en el Estatuto Escalafón de los agentes públicos.
Por otro lado, se establece que los ingresantes deberán aprobar un examen de contenidos mínimos para acreditar su idoneidad. Este proceso se llevará adelante en el Instituto Provincial de la Administración Pública. Y en este sentido, el Ministerio y la SENAF, deberán presentar -antes del 31 de enero de 2018- el material de estudio al IPAP para que sea incorporado a la Plataforma Virtual antes del 31 de marzo de 2018. La toma de exámenes se hará a través de medios computarizados mediante el sistema de «opciones múltiples».
«Cabe aclarar que, tal y como venimos diciendo desde la UPCN, el proyecto indica que se delegan las competencias de ingreso al Consejo Provincial de la Función Pública, al Ministerio de Economía, a la Contaduría General y a la Fiscalía de Estado, lo que otorga la legalidad correspondiente a todos los contratos de los agentes públicos rionegrinos», indicaron desde el sindicato estatal.