UnTER se moviliza y rechazó el programa de evaluación «Aprender»

El Plenario de Secretarios Generales de UnTER definió realizar acciones políticas el 1 y el 9 de noviembre próximo, en el transcurso de una reunión realizada ayer en Roca, donde analizó los resultados de encuentros de las comisiones de política educativa de educación secundaria y titularizaciones en escuelas técnicas. Se rechazó el programa de evaluaciones «Aprender» y el gremio se pronunció en apoyo a la comunidad de Chipauquil y de todas las escuelas de los parajes en riesgo de cierre.

También se convocó a movilizaciones regionales para el 1º de noviembre, en consonancia con la convocatoria nacional, exigiendo Juicio y Castigo a los responsables políticos e ideológicos de la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado. Se ratificó el pedido de juicio político a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su Jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti y los responsables de Gendarmería de la represión del 1 de Agosto en el Pu Lof de Cushamen, donde desapareció Santiago, además del pedido de libertad de Facundo Jones Huala y de todos lxs presos políticos.

Por otra parte, el jueves 9 del mes próximo, se realizará una concentración en Viedma de todas las conducciones de seccional y el Consejo Directivo junto a otras organizaciones sindicales para continuar los reclamos definidos en Bariloche, donde se acordó «la defensa del sistema previsional, público, solidario y de reparto, aumento salarial y defensa de las condiciones laborales frente a los anuncios de reforma del gobierno macrista y sus aliados».

El plenario de UnTER avaló al Consejo Directivo Central y las Vocalías Gremiales a continuar trabajando con la gubernamental en la propuesta de concurso de ascenso a cargos intermedios de escuelas de Educación técnico profesional e ingreso, independientemente del orden en que estos se realicen y ratificó el rechazo al programa de evaluación “Aprender” porque es parte de la política de ajuste a la educación pública, definido por la banca internacional e implementado por el gobierno nacional.