Protesta en Cordero: probation a dirigentes de ATE
(ADN).- La Justicia otorgó una probation a cuatro dirigentes de ATE acusados de daño agravado, atentado contra la autoridad y lesiones leves, durante la protesta en Contralmirante Cordero en mayo del año pasado. Rodolfo Aguiar, Danilo Cinchini, Ezequiel Villanueva y Sergio Cides accedieron a una suspensión de juicio a prueba.
La medida implica que continuarán vinculados al proceso, ya que si no cumplen con las pautas de conducta el beneficio se revoca.
En la audiencia, la Fiscalía sostuvo la oposición al beneficio, al entender que por tratarse de un caso que generó una gran conmoción social, en el marco de un dilatado conflicto que conllevó semanas de corte de rutas, debía ser debatido en un juicio oral y público.
En la audiencia de control de acusación, la defensa de cuatro imputados había solicitado su sobreseimiento alegando vicios formales en la investigación y falta de pruebas.
La Fiscalía, a cargo del fiscal jefe, Santiago Marquez Gauna y el fiscal del caso, Martín Pezetta, junto con la querella representante del Municipio de Contralmirante Cordero, se opusieron esgrimiendo que toda la prueba solicitada era válida y que los hechos podían ser debidamente acreditados en un juicio.
Pezetta explicó que no fue la falta de pruebas el motivo que el juez Pablo Repetto brindó el beneficio a los acusados, sino que estuvo relacionado con que los mismos no tenían antecedentes penales y las penas podrían recaer en cumplimiento condicional.
En este punto debe aclararse que las penas previstas en el Código Penal para los delitos imputados son leves y que existía la posibilidad de que, en esta causa, en caso de recaer condena la misma fuera de cumplimiento condicional.
Repetto rechazó el pedido de sobreseimiento de los imputados haciendo lugar a lo planteado por los acusadores. Subsidiariamente, la defensa solicitó el beneficio de la Suspensión de Juicio a Prueba ofreciendo la realización de 50 horas de trabajo comunitario por cada uno de los imputados y una reparación económica de 30 mil pesos.
El periodo de suspensión de juicio será de un año y en caso de incumplir con las pautas, el beneficio puede ser revocado y el caso avanzará a la etapa de juicio.
“Si bien no era el resultado final que esperábamos no es cierto que la causa haya sido ‘inventada’. Si fuera cierto lo que afirman los referentes gremiales no habrían ofrecido una reparación económica y la realización de trabajos comunitarios”, refirió Pezzetta.
Resta aclarar, que continúa en trámite una segunda investigación iniciada durante ese mismo conflicto pero en un ataque a la Comisaría de la ciudad de Contralmirante Cordero en los cuales se investiga los delitos de daño agravado y coacción agravada por ser cometida contra un funcionario público.