Buscan unificar criterios contra el Fondo del Conurbano

(ADN).- El fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, se sumó a sus pares de 22 provincias que llegarán a la sede del Consejo Federal de Inversiones para unificar criterios en el rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano, reclamo que está judicializado en la Corte Suprema a partir de una acción de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La cumbre albergará a enviados de estados peronistas, de Cambiemos y de fuerzas provinciales que temen que la Corte eleve el techo bonaerense de 650 millones a unos 50 mil millones de pesos anuales, lo que implica millonarias quitas de coparticipación al resto de los distritos. Por caso, Río Negro perdería 1.900 millones.

El objetivo de la reunión es evitar que los matices que existen entre las provincias, haga naufragar un reclamo conjunto ya que, si ello ocurre, debilitaría la postura de los gobernadores frente al poder bonaerense-porteño.

Cabe recordar, que la ciudad de Buenos Aires que comanda Horacio Rodríguez Larreta, ya recibió un aumento de la coparticipación por decreto.

Según un sondeo realizado por Ámbito Financiero sobre fuentes provinciales, muestran una disparidad de criterios en la defensa de los recursos:

-El Gobierno del justicialista salteño Juan Manuel Urtubey elevó ya su presentación ante el máximo tribunal, en la cual sostuvo que las asignaciones específicas que operan sobre la recaudación del Impuesto a las Ganancias son constitucionales -incluyendo el tope de $ 650 millones que cuestiona Vidal- y que sólo una nueva ley de asignación específica, vía discusión en el Congreso, podría modificar el escenario actual, que vence en diciembre de 2019. Reclama así una «salida política» a la encrucijada.

-En cambio, en Entre Ríos, la gestión del peronista Gustavo Bordet aducirá que las asignaciones específicas son inconstitucionales, y pedirá que sean dejadas sin efecto todas las que corresponden al artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para que se distribuya en cambio el 100% de su recaudación a las provincias, vía coparticipación. De prosperar, por caso, la ANSES dejaría de percibir el 20% de la percepción de ese impuesto, que este año rondaría los $ 106 mil millones.

-Por una senda de ese tenor marcharía la administración del peronista sanjuanino Sergio Uñac. «Creo que la mejor solución es declarar inconstitucional el artículo 104 y que vaya todo a masa coparticipable: lo que va a la ANSES, el 4% que se distribuye por Necesidades Básicas Insatisfechas, el 10% del Fondo del Conurbano y el 2% de ATN», señaló el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Según el funcionario, así «Buenos Aires se vería beneficiada sensiblemente, y no nos veríamos perjudicadas el resto de las provincias». Perdería, bajo este escenario, la ANSES.

-Por su parte, en Córdoba, Juan Schiaretti concretará su contestación la semana que viene, con hincapié en que el perjuicio para Buenos Aires por el congelamiento del Fondo del Conurbano es menor que la lluvia de subsidios a los servicios públicos que recibe.

Según el Ejecutivo, por caso, mientras que en 2016 los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires recibieron per cápita un promedio de $8.850 en subsidios de Nación, ese monto cae a $5.085 para el resto del país.

«El uso de fondos nacionales para subsidiar los servicios prestados en Buenos Aires, por encima de los del interior, supera en más del 40% el perjuicio que le estaría infligiendo el tope del Fondo del Conurbano», sostienen en la Casa Rosada.

-La catamarqueña peronista Lucía Corpacci se acercaría a las posiciones entrerriana y sanjuanina, aunque con eje en un tema procesal: que las provincias no pueden concurrir a este juicio en calidad de «terceras», porque eso limita su capacidad de defensa.

«Si uno revisa la historia de los juicios ante la Corte planteados por las provincias, éste tal vez sea el más importante de todos por el volumen de las pretensiones: una demanda que involucra $53 mil millones para este año, una cifra mayor para el año que viene y $300 mil millones retroactivos», enfatizó ante Ámbito el Fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la República Argentina, Julio Rodríguez Signes.